PRIMERA PLANA

Exigen inmediata

libertad de Nestora

Al cumplirse hoy un año de haber sido detenida en un operativo mixto,  por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal Nestora Salgado García, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, más de un centenar de organizaciones exigen su libertad inmediata.

De acuerdo a un comunicado hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, se establece que hoy 21 de agosto de 2014, a un año de la arbitraria detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado García, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá,  hoy en día recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit.

Por ello, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) se une a la comunidad nacional e internacional que exige la liberación inmediata de la defensora, que sea atendida médicamente, y trasladada a  un penal de la ciudad de México hasta que se le dicten el auto de formal prisión, luego de que fuera detenida, tras un operativo mixto,  por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013 en Olinalá, Guerrero.

Indican que desde su detención, la RNDDHM tuvo conocimiento de las irregularidades y acciones que se instruyen en una abierta violación del debido proceso y otros derechos humanos, entre los que destaca la presentación de cargos con pruebas insuficientes y contradictorias.

Asimismo, la detención y traslado a un penal federal de Nestora - así como la de otros defensores de la justicia comunitaria e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), nueve actualmente presos, dos de ellos en un penal de máxima seguridad en el Estado de México; y la reciente detención y traslado ilegal al mencionado penal federal de Nayarit del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui- evidencian el carácter político de la persecución penal y el uso ilegal de los penales federales con la complicidad del Gobierno Federal, del que no está exento ningún defensor o defensora de derechos humanos en Guerrero.

Si bien en abril de este año, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, que le había sido dictado a la defensora comunitaria, esto no redundó en su liberación. Contrario a ello, la defensora continúa encarcelada en el penal federal de máxima seguridad, enfrentando otros procesos abiertos en su contra.

En este contexto, la salud de la defensora se ha visto afectada y la atención médica de manera adecuada le ha sido negada, mientras tanto sus familiares continúan padeciendo la criminalización contra la defensora.

En este sentido, cabe recordar que en marzo de 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “aprobó la resolución 22/6, centrada en el uso de la legislación, que constituye un texto de referencia y representa la adopción de una postura firme por parte de los Estados contra el uso indebido de la legislación y la criminalización de las y los defensores”.

Asimismo, en noviembre de 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre las defensoras de los derechos humanos, que constituye una piedra angular en el reconocimiento y el apoyo de la labor importante y legítima realizada por las defensoras […].

De igual forma, la Relatora Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, Margaret Sekaggya (2008-2014), manifestó al finalizar su mandato, su grave preocupación “porque las defensoras son objeto de detenciones, malos tratos, tortura, criminalización, procesos judiciales sin las debidas garantías, estigmatización, ataques, amenazas (incluso amenazas de muerte) y violencia sexual, y también de asesinatos”.

Ante ello, desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México nos solidarizamos con las y los familiares y amigos/as de la defensora y exigimos a las autoridades.