ARTÍCULO

No hay borrón en Apango
Edilberto Nava García
El conflicto político-social que afronta el municipio Mártir de Cuilapan está por cumplir un año, y observad que tiempo y circunstancias indican sustento y razón de la inconformidad ciudadana y popular que ante el saqueo indiscriminado de los fondos públicos, exige la destitución de la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez.
La historia de México está saturada de pasajes de insurrección popular, por cuartelazos, por asesinatos presidenciales y otras vías para corregir o sustituir a los elementos del poder. En ocasiones fue para bien, para mejorar, pero en otras, lamentablemente ha sido para agravar los conflictos. Guerrero en ese aspecto tiene lo suyo, pues ha sido el que más gobernadores ha tenido, precisamente debido a que muchos fueron derrocados; algunos, por sus desmanes y abusos merecieron la destitución, en tanto que otros fueron víctimas de las pasiones de los grupos, generalmente armados. Empero en el caso Apango, es el gobierno el que no aplica la ley, pese a que

la irritación social tiene sustento en las propias leyes. Y ha de considerarse la insurrección como un acto de defensa que se justifica y legaliza cuando el despotismo rompe el marco legal y se sobrepone a todos los respetos que merece un pueblo libre.
La inconformidad social en Mártir de Cuilapan tiene por base un reclamo muy legítimo: cortar de tajo la comprobada corrupción que ha venido cometiendo la responsable de la administración municipal, quien en su afán por continuar impune con el saqueo de los dineros municipales recurre al lisonjeo a diputados y otros funcionarios, mientras que en las comunidades distribuye amenazas y terror, como los 4 muertos que aparecieron en las cercanías de Apango hace poco. Esa noche –después de larga ausencia- había dormido la alcaldesa en la cabecera. Esto último evidencia sus obscuras ligas con extraños, dicen unos y lo estiman otros.
El caso es que a lo largo del conflicto la alcaldesa se quejó de violencia de género en su contra. No dice que la irritación social de sus gobernados se debe a sus actos de corrupción, a su engreimiento al mantener en la nómina a sus familiares con jugosos sueldos, lo que la ley establece como nepotismo y debe castigarse. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue sorprendido y mediante un amañado juicio (en todo juicio hay parte y contraparte) dictó una sentencia, mediante la cual concedía contados días al gobierno estatal para desalojar y volver a la alcaldesa en su sitial, pero gracias a que la misma instancia observó el entuerto jurídico, el gobierno estatal no se vio obligado a cumplir, y, sin embargo no ha tenido ni tendrá sanción alguna.
Este trajinar en sendero sinuoso en la práctica ha beneficiado a la alcaldesa, porque el gobierno estatal ha continuado entregándole los fondos municipales, aunque más pronto que tarde, el agua le llegará a los aparejos a la citada munícipe, pues si Duarte, el gobernador de Veracruz ya está tras las rejas, una alcaldesa como la aludida, en su defensa, no le ajustará el dinero robado a las arcas municipales.
Hay sin embargo una solución. El plantón puede hacerse a un lado, pues como es del conocimiento público, el movimiento social no ocupa instalación municipal alguna y, con ello, dar aviso al propio tribunal, que las condiciones adversas se han desvanecido. Asuntos de estrategia; no será borrón ni abandonar la lucha, pues en lo jurídico también se está en días para la guillotina. La alcaldesa podrá y deberá ingresar al palacio municipal sin dejar latente la posibilidad que en cuestión de unos días vuelva la fuerza popular a desalojarla, quedando ella imposibilitada de recurrir a la misma vía, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En otras palabras, no podrá quejarse de violencia de género en su contra; en cambio, habrá de afrontar el desfalco cometido en agravio del municipio que al decir de lamezuelas, cierto y gobierna en ausencia derrochando dineros del municipio más empobrecido del país.