CHILPANCINGO, GRO., 14 de Diciembre de 2022.—En los últimos 15 años, entre los años 2006 y 2021, en México, incluido el estado de Guerrero, al menos 379 mil 322 personas han tenido que salir huyendo de sus lugares de residencia por el riesgo potencial o latente de sufrir algún tipo de violencia, constituyéndose en personas desplazadas forzadas internas (PDFI).
Mediante un comunicado de prensa enviado a la redacción de 𝙇𝙖 𝘾𝙧ó𝙣𝙞𝙘𝙖, 𝙑𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙥𝙖𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜𝙤, el cual está firmado por diversas organizaciones aglutinados en el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil Acompañantes.
Explican que la violencia en México ha provocado que miles de familias abandonen sus hogares sin que tengan la oportunidad de regresar a ellos, lo que genera heridas profundas en la sociedad y limita la posibilidad de vivir en condiciones dignas, esta situación provoca, además, una pérdida importante de la capacidad de mantener su identidad cultural.
El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) va acompañado de violaciones múltiples a los derechos humanos, tiene en sus raíces la impunidad y la omisión por parte de las autoridades para impartir justicia y su indiferencia ante la creciente violencia en los diferentes territorios.
Hemos visto que las víctimas no son atendidas y por ello, han decidido organizarse y acompañarse en el dolor para hacer valer sus demandas y tener la posibilidad de recuperar la paz, es por ello que se ha articulado el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil Acompañantes para visibilizar la situación crítica que el DFI ha adoptado en nuestro país, por lo que continuaremos reivindicando nuestras exigencias y agotando las instancias que sean necesarias para que esta inmovilidad legislativa y gubernamental termine.
Por lo anterior, las personas y organizaciones que conformamos el Colectivo exigimos el cumplimiento de la recomendación emitida por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Sra. Cecilia Jiménez-Damary, quien hizo un llamado al Senado de la República para aprobar el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones.
𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢
Que en nuestro país, entre los años 2006 y 2021 al menos 379,322 personas han tenido que salir huyendo de sus lugares de residencia por el riesgo potencial o latente de sufrir algún tipo de violencia, constituyéndose en personas desplazadas forzadas internas (PDFI).
Que el gobierno de México reconoció en 2019 la existencia y gravedad de los hechos delictivos que originan y tienen como efecto el DFI, admitiendo con ello la necesidad de un marco legal adecuado para el desempeño de las instituciones en atención a esta problemática y que hasta la fecha no existe ese marco normativo
Que la cámara de diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que hoy es una exigencia de las comunidades afectadas por el DFI y que el Senado hasta ahora ha frenado la posibilidad de que exista esta ley.
Que en el Senado las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda expidieron el dictamen correspondiente durante el último periodo ordinario de sesiones del año 2021 sin que desde entonces sea incorporada a la agenda legislativa para su aprobación por el pleno.
Que una comisión de senadoras y senadores se reunió el 31 de agosto de 2022 con la Sra. Cecilia Jiménez-Damary y le solicitaron recomendar la agilización del proceso legislativo, lo cual se incluyó en su Declaración de Cierre de Misión emitida el 10 de septiembre de este mismo año.
Es preocupante la falta de respuesta por parte del Senado para generar un marco normativo que proteja a las personas que más lo necesitan, a quienes lo han dejado todo, es preocupante que las políticas de prevención y el seguimiento a denuncias por desplazamiento no sean consideradas y sólo se argumente que la falta de presupuesto ha detenido la aprobación de la ley.
Ante la falta de un marco normativo y la ausencia de la tipificación del delito de desplazamiento forzado, las víctimas enfrentan innumerables trabas para acceder a sus derechos y tener la posibilidad de restablecer sus vidas. El desplazamiento es la expresión máxima de todas las violencias: desapariciones, feminicidios, hostigamiento, despojo, secuestros. El desplazamiento es una crisis humanitaria que debe ser atendida y visibilizada.
𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗢𝗦
Agilizar la aprobación inmediata de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado.
Tipificación del delito de desplazamiento forzado en los instrumentos legales en materia penal.
Establecimiento de un marco jurídico robusto, amplio y a nivel federal que garantice el reconocimiento pleno a la Libre Determinación y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Acciones claras de la CEAV para agilizar el reconocimiento de su calidad de víctimas entendiendo su problemática específica.
Implementación de acciones gubernamentales que partan de los estándares internacionales de asistencia humanitaria eficaz y eficiente de manera oportuna, diferenciada y adecuada a las necesidades específicas de cada grupo de población afectado.
Que las gestiones gubernamentales consideren –con perspectiva interseccional– las necesidades particulares de los grupos especialmente vulnerables.
Al Estado mexicano, tomar medidas inmediatas para la atención del conflicto y la atención a las víctimas de DFI.
Establecer una mesa de trabajo permanente donde sociedad civil, víctimas de desplazamiento y Estado puedan trabajar de manera coordinada para proponer mecanismos de atención y prevención a la problemática.
El Colectivo esta conformado por 12 comunidades y colectivos de personas desplazadas con presencia en siete estados de la República Mexicana y es acompañado por 16 organizaciones de la sociedad civil. Participan comunidades indígenas y comunidades campesinas desplazadas de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Sonora y Sinaloa. Solo una de ellas ha logrado el retorno a su comunidad, Maya Balam en Quintana Roo.
Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones de la Sociedad Civil Acompañantes.𝗖𝗵𝗶𝗵𝘂𝗮𝗵𝘂𝗮:Desplazados de la Comunidad del Manzano, Desplazados de la Comunidad de Monterde, Consultoría Técnica Comunitaria A.C.,Centro de los Derechos Humanos de la Mujeres A.C.,Equipo de Producción Documental “CRUZ”
𝗖𝗵𝗶𝗮𝗽𝗮𝘀:Desplazados Tzeltales de Ocosingo, Desplazados de ejido Puebla de Chenalhó, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Voces Mesoamericanas
𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼: Desplazados de la comunidad de Leonardo Bravo, Desplazado de Zitlala, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello
𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗼𝗼: Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam.
𝗠𝗶𝗰𝗵𝗼𝗮𝗰á𝗻: Desplazados de Aguililla, Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, Colectivo Paz, Libertad y Justicia para Michoacán.
𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮: Desplazados triquis de la comunidad de Tierra Blanca.
𝗦𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮:Colegio de Sonora, Red Kaweruma para apoyo a Guarijios.
𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: Servicios y Asesoría para la Paz A.C., Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C., Centro de Seguridad Urbana y Prevención S.C., Centro de Investigación y Acción Social A.C., Aluna acompañamiento psicosocial A.C., Justicia Transicional en México A.C., Trabajo interestatal en Sinaloa, Sonora, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
#𝗤𝘂é𝗱𝗮𝘁𝗲𝗘𝗻𝗖𝗮𝘀𝗮. 🏡 💙
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