𝗟𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗢𝗡𝗨

Fernando Hinterholzer Diestel

Nunca desde que el PRI-gobierno no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, hasta finales del 2018, en que Morena llego al poder, el utilizar un doble rasero para gobernar fue tan metódico y avasallante como durante la presidencia de “nuestro Mesías tropical”. Todos sus inventos propagandísticos siguen aún vigentes: “crear una realidad alterna, el mundo de los otros datos; negar la realidad real; no conceder falla alguna en el gobierno, atribuirlo todo a campañas de adversarios; desacreditar críticos y proteger leales; no romper nunca el pacto de impunidad; garantizar a los leales el cumplimiento de ese pacto”, en el entendido de que cualquier concesión puede ser la fisura que rompa la complicidad. Hoy en día, el cinismo de la mayoría de la mayoría oficialista y sus aliados en la Cámara de Senadores, “intentan realizar un extrañamiento” (JAJAJA) en contra del, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada, de la ONU, por su declaración de que en México las desapariciones de personas suceden de modo sistemático en todo el territorio. Es cierto que la desaparición forzada no la practican hoy ni el Estado Mexicano, ni el Gobierno, y que este fenómeno no inició durante en el 2018. Sin embargo, sí podemos asegurar que creció de forma exorbitante por la negligencia del gobierno anterior.

En la práctica cotidiana, el gobierno de México no desaparece personas: lo hacen los delincuentes de los carteles criminales. Sin embargo, las declaraciones de Olivier Frouvilleu “no señalan al gobierno de ser el autor material ni intelectual, sino de haber sido omiso y permisivo frente a este criminal hecho y no haber llevado a cabo las acciones que constitucionalmente debe realizar”. El gobierno federal cuenta con el poderío militar necesario para combatir frontalmente a los carteles criminales, pero por “una decisión muy rara” del expresidente, el gobierno de México se abstuvo de realizar lo que está obligado a hacer. El argumento de la 4T es una cortina de humo, dado que, si bien el estado no estuvo directamente detrás de los más de miles desaparecidos, lo evidente es que no hicieron nada para evitar que este cáncer de violencia continuará y sin duda, ese también era su deber. El gobierno dejo a la población totalmente desprotegida, y ahora se victimizan de que una organización mundial, como la ONU, lo señale. Esta llamada de atención busca que “el Estado mexicano construya una política pública para prevenir la desaparición forzada, garantizar la búsqueda efectiva y brindar justicia y verdad a las familias”. La reacción de los Colectivos de Madres y Padres Buscadores encendió una esperanza en los colectivos de búsqueda que, durante años, han rastreado a sus hijos, padres, esposos, de entre fosas, ríos, cuarteles y silencios institucionales.

La crisis de los desaparecidos en México no se puede ocultar con un declaraciones estúpidas y nacionalismos de hace 40 años. La sociedad se ha visto sorprendida por la falta de sensibilidad y de tacto político del gobierno de México de la 4T, ante los señalamientos del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de que las desapariciones forzadas son “sistemáticas y generalizas”. Desde hace una década, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas documentó cómo se incrementaban en una forma exponencial los números de desaparecidos, convirtiendo a México como país líder en este terrible fenómeno, sobrepasando, inclusive, países que enfrentan una guerra civil. Y los números son contundentes e irrefutables: Las autoridades mexicanas han reportado 127 mil personas desaparecidas, y más de 5 mil 600 fosas clandestinas conocidas. Tampoco podemos olvidar que son casi inexistentes las investigaciones y condenas de individuos u organizaciones que participan en este delito. Estas cifras no reflejan un país “normal”, aunque el gobierno mexicano, la clase política y la sociedad civil parecerían acostumbrarse a las masacres y desapariciones diarias. Pero en el caso de la comunidad internacional y organismos multilaterales en los últimos años han seguido de cerca el fenómeno de violencia.

Y por más intentos que hace, el gobierno de la Cuarta Transformación por ocultar la realidad de la violencia, por la magnitud del problema de los desaparecidos, los datos no admiten “barrer los desaparecidos debajo de una alfombra”. Y si a esto le agregamos, para el caso de los colectivos y sus líderes que han enfrentado amenazas, atentados y asesinatos por llevar a cabo el trabajo que es responsabilidad del gobierno: asegurar su integridad física y encontrar a sus seres queridos desaparecidos. La estúpida y canallesca estrategia de abrazos y no balazos nunca consideró la tragedia colateral de las víctimas y sus familiares. Pero la intentona de esquivar la atención para evitar los costos políticos de la tragedia de la desaparición sólo ha conseguido que se desconozca el problema de fondo: en el país hay más de 127,000 desaparecidos, 72,000 cuerpos sin identificar y 6,000 fosas clandestinas. Prueba de ello, la profundización de la crisis y la ausencia de respuestas aparejadas a la negación de un problema estructural de seguridad desde hace dos décadas. Sin embargo, esta vez la denuncia de Naciones Unidas tiene otro carácter por invocarse por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención de la ONU, que prevé un mecanismo para llevarla a la Asamblea General si se comprueban indicios fundados de desaparición forzosa “generalizada y sistemática”, como presume el Comité; que justifica en la necesidad urgente de forzar al Estado a tomar acciones contra la impunidad casi total de crímenes de lesa humanidad que se multiplican junto con la violencia del narco.

El discurso desde el poder no suprime las estadísticas ni los restos humanos. No libran al Estado de su responsabilidad histórica y social. No devuelven a los desaparecidos. Solo confirman una terrible verdad: la 4T dejo hace seis años, de ser una promesa de justicia.  Y mientras se niegue lo evidente, mientras se hable de “soberanía” para justificar la negligencia, mientras se insista en proteger a las Fuerzas Armadas que honrar a los desaparecidos, “México seguirá administrando su tragedia como si fuera una molestia diplomática”. La verdadera transformación empieza cuando el Estado deja de esconder a sus víctimas y se atreve, por fin, a buscarlas. si el crimen organizado ha desaparecido a hombres y mujeres es porque cuentan con la complicidad de distintos niveles de gobierno. Pero no sólo eso. Lo que no se puede ocultar es que elementos de las fuerzas armadas y de las policías han cometido este ominoso delito, de ahí que cientos de denuncias ante la ONU tengan que ver con ello. El consentimiento del Estado, conforme a las normativas de la ONU y del derecho internacional, implican que “la desaparición o agresión no necesariamente debe ser ejecutada por agentes de autoridad, sino que también puede configurarse cuando éstos toleran, permiten o no actúan para prevenir, investigar o sancionar estas conductas, aun cuando sean cometidas por actores no estatales”. Es decir, si el Estado conoce que se están llevando a cabo desapariciones o agresiones por parte de grupos criminales o actores particulares, y no toma las medidas necesarias para impedirlas o castigar a los responsables, incurre en responsabilidad internacional por aquiescencia. ES CUANTO.

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.