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Esta cifra, estancada desde 2017, revela una negligencia sistem谩tica que perpet煤a el sufrimiento silencioso de millones. La disparidad entre pa铆ses es a煤n m谩s grave: mientras los de ingresos altos invierten 65 d贸lares por persona, los de ingresos bajos apenas destinan 0,04 d贸lares. Esta brecha no solo es econ贸mica, es 茅tica.
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Trastornos como la ansiedad y la depresi贸n no distinguen edad, g茅nero ni nivel socioecon贸mico. Son la segunda causa de discapacidad prolongada y generan p茅rdidas econ贸micas globales que rondan el bill贸n de d贸lares anuales. Pero m谩s all谩 de las cifras, est谩 el costo humano: vidas truncadas, familias fracturadas, juventudes vulnerables. El suicidio, con m谩s de 727.000 muertes en 2021, sigue siendo una de las principales causas de defunci贸n entre j贸venes, lo que exige una respuesta urgente y transversal.
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Aunque muchos pa铆ses han mejorado sus planes de salud mental desde 2020, menos de la mitad cuenta con leyes que cumplan plenamente los est谩ndares internacionales de derechos humanos. Esta ausencia legislativa deja a millones sin protecci贸n jur铆dica frente a pr谩cticas abusivas, como ingresos hospitalarios sin consentimiento o estancias prolongadas en instituciones psiqui谩tricas. La salud mental no puede seguir siendo tratada como un ap茅ndice del sistema sanitario; requiere un marco legal robusto, centrado en la dignidad y la autonom铆a de las personas.
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Menos del 10% de los pa铆ses ha completado la transici贸n hacia modelos comunitarios de atenci贸n, lo que perpet煤a la dependencia de hospitales psiqui谩tricos. Sin embargo, hay se帽ales de avance: m谩s del 80% de los pa铆ses integran hoy el apoyo psicosocial en respuestas de emergencia, y la telemedicina ha ampliado su presencia, aunque con desigual acceso. La integraci贸n de la salud mental en la atenci贸n primaria es una estrategia clave, pero a煤n insuficiente si no se acompa帽a de inversi贸n, formaci贸n profesional y participaci贸n comunitaria.
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La mayor铆a de los pa铆ses reporta iniciativas de promoci贸n de la salud mental, lo cual es alentador. Pero sin recursos, sin leyes, sin voluntad pol铆tica sostenida, estas iniciativas corren el riesgo de quedarse en la superficie. La salud mental debe dejar de ser el “pariente pobre” de la salud p煤blica. Es hora de que los presupuestos reflejen la magnitud del problema, y que las pol铆ticas se traduzcan en protecci贸n real, acceso equitativo y acompa帽amiento digno.
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*Periodista, E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
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