lunes, 28 de junio de 2010

Columna


Enfoque

OCURRENCIAS
Los aspirantes al gobierno estatal deberán sujetarse a los requisitos que establece la ley, y no a ocurrencias que no permita conforme a derecho garantizar legalidad a cualquier proyecto político en mira de la elección a gobernador de Guerrero.
En referencia, a la posibilidad que se aplique el antidoping a los aspirantes o candidatos que contendrán por la gubernatura de la entidad, el Diputado Local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, coincidió con el criterio formulado por el PAN, aunque consideró que la ley es clara y no «ocurrente».
La propuesta de la propia dirigencia del panismo guerrerense no deja de obedecer a una ocurrencia perversa y promovida para intimidar a cualquier aspirante al gobierno estatal, por lo que sería correcto sujetase a lo que marca la ley.
A poco más de 3 meses que se lleve a cabo el registro de candidatos ante el Instituto Electoral de Guerrero a la sucesión gubernamental, la guerra sucia, no dejara de ser el escenario de la desesperación para quienes aun no cuentan con poder de convocatoria.
Particularmente, el PAN en Guerrero es un partido con pocas probabilidades de figurar en la elección de enero del 2011, mucho menos convertirse como segunda fuerza política, toda vez que las acciones incongruentes del gobierno federal permitirán que electorado panista considere respaldar y votar por un cambio razonable.
En el caso, del PRD un instituto político confundido y con la esperanza por conformar una alianza que permita consolidar razonablemente el rezago que vive actualmente el estado de Guerrero a consecuencia a lo irracional de sus autoridades y gobernantes.
A ello, el Diputado y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Héctor Vicario Castrejón, le apuesta a la congruencia y no a la ocurrencia que prepondera a falta de madurez en algunos actores político que pretenden intimidar en la ingeniosidad a los aspirantes.
El también fuerte aspirante priista al gobierno de Guerrero, convoco a los actores de las fuerzas políticas a sujetarse a lo que establece ley, y dejar a un lado coyunturas que no permite garantizar la estabilidad electoral en mira de la elección que por única ocasión será de 4 años y medio.

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