En 2010 fueron agredidos
139 periodistas y 21 medios
MEXICO, D.F.(CEPET).--Al menos 139 periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República fueron objeto de agresiones por razones vinculadas con su labor informativa, según el informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, presentado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
Durante el último año, nueve trabajadores de los medios fueron asesinados, tres reporteros desaparecieron en los estados de Tamaulipas y Michoacán y otros dos, empleados de un diario en Chihuahua, se vieron obligados a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.
De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, no obstante los numerosos casos que ha sido posible documentar, hoy más que nunca existe un subregistro en el número de agravios contra comunicadores en entidades donde la violencia de la delincuencia organizada se ha acentuado. La muerte, la desaparición de periodistas y los ataques de los últimos años contra medios han generado un ambiente de zozobra que en los hechos un efecto multiplicador de silencio.
Veintiséis de los ataques del último año contra el ejercicio del periodismo pueden atribuirse por sus características a integrantes del crimen organizado; sin embargo, es un hecho que su impacto en la percepción de la opinión pública —dado el nivel de violencia empleada y la escasa distancia entre uno y otro hecho— ha sido, por mucho, mayor a la de otras agresiones también graves contra trabajadores delos medios.
Para el CEPET, vivimos hechos inéditos el año pasado. Los delincuentes transitaron de la amenazas y las exigencias informativas con las que muchos medios habían aprendido a convivir cotidianamente, a un nuevo escenario en el que grupos criminales se convirtieron en secuestradores de periodistas en el desempeño de su trabajo, para usarlos como moneda de cambio y exigir a sus empresas la difusión de sus mensajes.
Específicamente, 13 de los 21 medios de comunicación agredidos en el último año fueron blanco de atentados con explosivos o disparos de armas de fuego de alto poder. Ante la ausencia de condiciones necesarias para un ejercicio libre de la profesión, las empresas periodísticas se vieron obligadas a abandonar coberturas y aun apresionar a las autoridades mediante aceptar la interlocución con grupos delincuenciales a los cuales pidieron directamente una tregua.
Si bien la violencia impacta de manera importante la percepción sobre la seguridad con la que los comunicadores están desempeñando su trabajo, no es la delincuencia organizada el único agresor.
En 33 casos, las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policías municipales, estatales y federales), jefes policiacos y aun escoltas personales de autoridades, fueron directamente señalados por ejercer algún tipo de violencia contra representantes de los medios de comunicación.
Si incluimos los 16 casos que involucran a funcionarios de varios niveles de gobierno, tenemos que cuatro de cada diez agravios contra periodistas fueron responsabilidad de agentes del Estado.
Entre las agresiones conocidas por el CEPET durante 2010, la mayoría fueron cometidas en Chihuahua, que sumó 17 casos (13.93%); el Distrito Federal, con 10 (8.19%), Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, con ocho (6.55%). Sólo en estas cinco entidades se registraron cuatro de cada diez ataques al ejercicio periodístico. La agudización de la violencia contra los comunicadores obliga a aplicar medidas correctivas y preventivas para que ésta sea combatida a través de iniciativas eficaces que eviten la negligencia por omisión de la autoridad.
Las acciones de remediación por parte de los gobiernos estatales y federal no han avanzado en el sentido ni a la velocidad que requiere el problema. Al igual que Catalina Botero y Frank La Rue, relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos y de las Naciones Unidas, respectivamente, el CEPET coincide en que un gran pendiente sigue siendo la aprobación de reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.
Asimismo, en consonancia con otras organizaciones CEPET cuestiona que el mecanismo interinstitucional de protección a periodistas anunciado en noviembre por el gobierno federal debido a que no contempla la participación, con voz y voto, de los supuestos beneficiarios en los trabajos del Comité Consultivo encargado de la aplicación de medidas de prevención y protección, ni en el subcómité a cargo de la evaluación de casos, de modo que los lineamientos serían elaborados solamente por las instancias gubernamentales firmantes, las cuales tampoco han asegurado un monto suficiente de recursos para provee rasistencia a comunicadores en riesgo.
Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, elCEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.
139 periodistas y 21 medios
MEXICO, D.F.(CEPET).--Al menos 139 periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República fueron objeto de agresiones por razones vinculadas con su labor informativa, según el informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, presentado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
Durante el último año, nueve trabajadores de los medios fueron asesinados, tres reporteros desaparecieron en los estados de Tamaulipas y Michoacán y otros dos, empleados de un diario en Chihuahua, se vieron obligados a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.
De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, no obstante los numerosos casos que ha sido posible documentar, hoy más que nunca existe un subregistro en el número de agravios contra comunicadores en entidades donde la violencia de la delincuencia organizada se ha acentuado. La muerte, la desaparición de periodistas y los ataques de los últimos años contra medios han generado un ambiente de zozobra que en los hechos un efecto multiplicador de silencio.
Veintiséis de los ataques del último año contra el ejercicio del periodismo pueden atribuirse por sus características a integrantes del crimen organizado; sin embargo, es un hecho que su impacto en la percepción de la opinión pública —dado el nivel de violencia empleada y la escasa distancia entre uno y otro hecho— ha sido, por mucho, mayor a la de otras agresiones también graves contra trabajadores delos medios.
Para el CEPET, vivimos hechos inéditos el año pasado. Los delincuentes transitaron de la amenazas y las exigencias informativas con las que muchos medios habían aprendido a convivir cotidianamente, a un nuevo escenario en el que grupos criminales se convirtieron en secuestradores de periodistas en el desempeño de su trabajo, para usarlos como moneda de cambio y exigir a sus empresas la difusión de sus mensajes.
Específicamente, 13 de los 21 medios de comunicación agredidos en el último año fueron blanco de atentados con explosivos o disparos de armas de fuego de alto poder. Ante la ausencia de condiciones necesarias para un ejercicio libre de la profesión, las empresas periodísticas se vieron obligadas a abandonar coberturas y aun apresionar a las autoridades mediante aceptar la interlocución con grupos delincuenciales a los cuales pidieron directamente una tregua.
Si bien la violencia impacta de manera importante la percepción sobre la seguridad con la que los comunicadores están desempeñando su trabajo, no es la delincuencia organizada el único agresor.
En 33 casos, las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policías municipales, estatales y federales), jefes policiacos y aun escoltas personales de autoridades, fueron directamente señalados por ejercer algún tipo de violencia contra representantes de los medios de comunicación.
Si incluimos los 16 casos que involucran a funcionarios de varios niveles de gobierno, tenemos que cuatro de cada diez agravios contra periodistas fueron responsabilidad de agentes del Estado.
Entre las agresiones conocidas por el CEPET durante 2010, la mayoría fueron cometidas en Chihuahua, que sumó 17 casos (13.93%); el Distrito Federal, con 10 (8.19%), Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, con ocho (6.55%). Sólo en estas cinco entidades se registraron cuatro de cada diez ataques al ejercicio periodístico. La agudización de la violencia contra los comunicadores obliga a aplicar medidas correctivas y preventivas para que ésta sea combatida a través de iniciativas eficaces que eviten la negligencia por omisión de la autoridad.
Las acciones de remediación por parte de los gobiernos estatales y federal no han avanzado en el sentido ni a la velocidad que requiere el problema. Al igual que Catalina Botero y Frank La Rue, relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos y de las Naciones Unidas, respectivamente, el CEPET coincide en que un gran pendiente sigue siendo la aprobación de reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.
Asimismo, en consonancia con otras organizaciones CEPET cuestiona que el mecanismo interinstitucional de protección a periodistas anunciado en noviembre por el gobierno federal debido a que no contempla la participación, con voz y voto, de los supuestos beneficiarios en los trabajos del Comité Consultivo encargado de la aplicación de medidas de prevención y protección, ni en el subcómité a cargo de la evaluación de casos, de modo que los lineamientos serían elaborados solamente por las instancias gubernamentales firmantes, las cuales tampoco han asegurado un monto suficiente de recursos para provee rasistencia a comunicadores en riesgo.
Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, elCEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.