PRIMERA PLANA

Tras 70 días presas, la CRAC

libera a 3 mujeres indígenas

Después de 70 días de cautiverio, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) determinó liberar a las tres mujeres indígenas en el municipio de San Luis Acatlán, ante la falta de pruebas del delito que se les acusaba y tras existir la sospecha de que el fraude millonario lo cometieron los directivos de la Cooperativa “Chinde Etanyo”.

En el marco de una asamblea general que se llevó acabo entre los coordinadores y delegados de la CRAC, en el cual se analizó el caso de las tres mujeres indígenas Teresita Hernández Félix, Leticia Villegas Morán y Rafaela Meza Jerónimo, quienes fueron detenidas el cinco de mayo pasado y encerradas en la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, determinaron liberarla, pero habrán de permanecer bajo arraigo en sus propios domicilios ante la falta de pruebas.

Fueron acusadas por el delito de fraude en agravio de la cooperativa “Chinde Etanyo”, propiedad de Pedro Niceno Rufino Francisco al mismo tiempo delegado de la CRAC en San Luis Acatlán y al no haber pruebas del delito que se les acusaba, determinaron darle libertad, además de existir la sospecha de que el fraude presuntamente fue cometido por la contadora de la cooperativa Leticia Anaya Ríos, la gerente general Verónica Ramos Cruz, así como el presidente del Consejo de Administración de “Chinde Etanyo”, Pedro Niceno Rufino Francisco delegado de la CRAC en ese municipio.

Durante este tiempo de su liberación, las arraigadas tendrán la oportunidad de reunir pruebas de su inocencia, asimismo quedó claro que estas tres mujeres indígenas originarias del municipio de San Luis Acatlán solo eran empleadas de la cooperativa, su liberación también derivó que dejaran en las oficinas de la CRAC escrituras de sus casas con dos avales, además las obligaron a que retiraran las demandas de tipo penales que interpusieron en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en contra de los coordinadores de la CRAC y retractarse de todo lo que denunciaron ante los medios de comunicación y una queja que promovieron ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Cabe mencionar que estas tres mujeres permanecieron privadas de su libertad durante 70 días y nadie hasta el momento reparó el daño que les ocasionaron a ellas mismas y sus familias, ya que al fin de cuentas al no haber pruebas, determinaron liberarlas sin pedirles una sola disculpa, en tanto que existe la presunción que el fraude lo cometieron los directivos de la misma cooperativa, entre ellos un delegado de la Policía Comunitaria.