viernes, 2 de septiembre de 2011

NOTA ROJA

Se aseguran apócrifos
y tragamonedas:PGR
La Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Guerrero, retiró del comercio informal 102 mil 16 piezas de material apócrifo y aseguró 20 máquinas tragamonedas, en un operativo efectuado en colonias y avenidas de la ciudad de Acapulco.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/GRO/ACA/M-II/280/2011, el Representante Social de la Federación y elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron a las colonias Centro, Progreso, Cuauhtémoc, Insurgentes, 6 de Enero, Burócratas, Alianza Popular, Solidaridad, Ampliación Zapata, Sector Central Seis, Vacacional, Rancho Acapulco, Lázaro Cárdenas, La Sabana, Crucero de Cayaco, Colosio, Coloso, Llano Largo, Piedra Roja, Granjas del Marqués, Mercado Central, Costa Azul, Icacos, Puerto Marqués, La Garita, Renacimiento, Zapata, Las Cruces, La Venta, Avenida Universidad, Roble y El Guayabo.
En este operativo se logró el aseguramiento de 20 máquinas de juegos de azar, 30 mil ocho videogramas, 21 mil fonogramas y 51 mil ocho portadillas, decomisados en los puestos semifijos ubicados en las colonias mencionadas.
Por lo anterior, el material apócrifo y las máquinas tragamonedas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la indagatoria referida contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de violación a la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, y violación a la Ley de Juegos y Sorteos.
La Procuraduría General de la República en Guerrero invita a la ciudadanía a denunciar anónimamente a los teléfonos (747) 47 196 07 y 08, en todo el territorio nacional al 01 800 00 85 400 y al correo electrónico dc-guerrero@pgr.gob.mx, la posible comisión de delitos federales.
El Gobierno Federal sigue trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la seguridad de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.

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