COLUMNA

La Jaula de Dios

Jesús Pintor Alegre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de victimización y Percepción sobre seguridad pública 2011, y que corresponde a los trabajos del subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, da a conocer un dato revelador, y explica que en 2010, el 36 por ciento de los hogares mexicanos han sido víctimas de la delincuencia en sus diversas facetas.

Un dato alarmante, si se toma en cuenta que su estudio sólo parte de población mayor de 18 años, deja fuera a menores de edad, a los que escatima sus problemas y lo que haya ocurrido con ellos, o peor que eso, se les soslaya. Y más allá, también el documento explica que la victimización no refiere a homicidio, delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados entre otros de este estilo, pues argumenta que no son susceptibles de captarse en una encuesta de la naturaleza del INEGI.

Sin embargo, en esos datos a los que nos ha acostumbrado, asegura que la percepción de la ciudadanía en lo que hace a efectividad de las autoridades, eleva la cifra, y nos asegura que en la encuesta de entre marzo y abril de este año, por entidad federativa, un 49.6 por ciento de la gente se siente segura y muy segura en este mismo punto, del trabajo de las autoridades, en la materia.

En este mismo trabajo incompleto, inconcluso y parcial, INEGI otorga un dato aparte, y asienta que en Guerrero, por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años de edad, han sido afectados de alguna manera, 20 mil 172 personas; es decir, debajo de la media nacional, que es de 23 mil 956 por cada 100 mil, lo que hace a la entidad gobernada por el priista amarillo, Ángel Heladio Aguirre Rivero, poco peligrosa, al menos, es lo que dice el estudio.

El robo o asalto en la calle o en el transporte público, ocurre, asegura INEGI, en un 24.2 por ciento; la extorsión, en un 23.7; robo total o parcial de vehículos, 12.1; fraude, un 8.7; amenazas verbales, un 8 por ciento; el robo a casa habitación es menor, pues llega al 6.9; el robo en forma distinta a las mencionados anteriormente, 6.2; delitos no especificados, 5.1; y lesiones, 5.1 por ciento.

La encuestadora en algo que parece congruente, asegura en esta ocasión, que el miedo de la gente es cada vez mayor, y desglosa que en 2005, por entidad federativa, el 54.2 por ciento de la población se sentía insegura; para 2009 creció esa inseguridad a un 65.1 por ciento; bajó una décima en 2010 con 65 por ciento, pero creció a un 69.5 por ciento en 2011.

Ahora bien, medido por municipio, en 2005 el miedo era de apenas el 40 por ciento; en 2009 creció a 48.8; en 2009, creció más a 54.4 por ciento; y para este año, o lo que lleva, el terror llegó al 60.1. En cuanto a efectividad, el INEGI lo ha medido en esta forma: La Marina encabeza la lista, le sigue el Ejército, la Policía federal, los jueces, la policía ministerial, la policía estatal, los ministerios públicos, la policía preventiva municipal y hasta abajo, los agentes de tránsito.

En esa tesitura algo que resalta es de lo que tanto se han quejado nuestras autoridades, en casos específicos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, quien ha dicho que por la falta de la denuncia ciudadana, la inseguridad se mantiene y va a la alza. Pues en este punto, la gente no sólo poco denuncia en Tierra Caliente o Acapulco, sino en todo el país.

Y es entendible a juzgar por los resultados magros que han dado las autoridades, su poca efectividad y su escasa credibilidad ante la ciudadanía. Explica el INEGI que en 2010, un 12.3 por ciento se atrevió a denunciar el delito, y un 87.7, desistió de hacerlo. La cifra negra como conocen a los delitos cometidos en los que no hubo denuncia, o no se inició averiguación previa, fue del orden del 92 por ciento.

Y da las razones en este mundo de datos y cifras: la gente no denuncia porque considera pérdida de tiempo hacerlo, tiene desconfianza de la autoridad, porque es delito de poca importancia, porque no tenía pruebas, porque tiene miedo del agresor, porque los trámites son largos y difíciles, en los que la víctima puede inclusive volverse el victimario; también no denuncian por la actitud hostil de la autoridad, o por miedo a la extorsión.

No hay mucho que rascarle, de cierto, lo que la población ve, es a una autoridad o como se le llame a esos que cobran como tal, no solo inefectivos, sino hasta confabulados con las acciones en contra de la víctima, o más allá de eso, por tradición y a pulso, es decir, por su propio esfuerzo, las autoridades judiciales sobre todo en este caso específico, se han ganado una posición poco envidiable: «son lo mismo que lo mesmo», como diría el paisa.

Allí la gran tarea, recordemos que en este juego donde se incluyen diputados, presidentes municipales, los inútiles regidores, el gobernador y sus secretarios de despacho y demás fauna burocrática, lo que deben buscar antes que cualquier punto, es rescatar el respeto que deben tenérseles como autoridad y representantes, como gente que guía, como gente respetable, y que duela hablar mal de ella.

Por lo pronto contentémonos con vivir en el País de las Maravillas, nuestro consuelo fatuo de que alguna vez, en algún lugar, y por alguna circunstancia, al gato burlón se le borrará la sonrisa, y a la reina de corazones, le hará honor en realidad a su nombre.