martes, 13 de diciembre de 2011

SUMARIO DE LA PRINCIPAL

Cierran oficinas y
liberan a detenidos
Oficinas públicas del gobierno del estado y el Poder Legislativo local fueron cerradas al medio día de hoy martes, ante la movilización que realizarán alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y otras organizaciones sociales por el asesinato de dos estudiantes la tarde de ayer. A partir de las 11:00 horas, el Palacio de Gobierno fue evacuado por personal
 de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil con la intensión de proteger la integridad física de los trabajadores, ante cualquier reacción violenta de parte de los normalistas y organizaciones sociales. De igual modo, las instalaciones del Congreso de Guerrero fueron cerradas al público y a los propios legisladores, ante el temor de cualquier hecho de violencia que se pueda generar a consecuencia de los hechos de ayer, donde dos normalistas perdieron la vida y un número aún no cuantificable resultaron heridos. La movilización de los alumnos de Ayotzinapa se espera que inicie alrededor de las 14:00 horas, con el respaldo de varias organizaciones sociales que han manifestado su rechazo e indignación por los hechos de violencia de las corporaciones policiacas en contra de los normalistas que se manifestaron ayer. Al menos 75 organizaciones sociales han roto el diálogo con el gobierno del estado, en tanto no se aclaren los hechos y se castigue a los responsables. LIBERAN A DETENIDOS RETENIDO UNO La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) liberó este medio día a 23 de los 24 normalistas detenidos la tarde de ayer durante la agresión armada que sufrieron por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva y la Policía Ministerial . Sólo Gerardo Santiago, de 19 años de edad, a quien la PGJE responsabiliza de la portación de un arma de fuego de alto poder, permanece en los separos de la Policía Investigadora Ministerial, de donde más tarde será trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República, donde se dictaminará su situación jurídica. Los normalistas eran esperados por sus familiares y el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, quien aseguró que los alumnos en su mayoría presentaban golpes en diferentes partes de sus cuerpos. Por su parte, los padres de familia reprocharon el actuar del gobierno del estado al implementar la fuerza pública y detonar sus armas de fuego en contra de sus hijos, al mismo tiempo que exigieron justicia para los dos normalistas muertos y castigo para los responsables. El ombudsman guerrerense informó que sólo fueron liberadas 23 de las 24 personas detenidas durante los hechos de ayer, menos Gerardo, a quien responsabilizan de portar un cuerno de chivo (AK-47). Dijo que el estudiante asegura que los elementos de la Policía Investigadora Ministerial «le sembraron» las municiones y el arma que le imputaron. Por la mañana, el procurador Alberto López Rosas dijo en un programa radiofónico que por los hechos había 24 detenidos y que sólo dos de ellos estaban vinculados a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. «Los demás son gente extraña a la escuela. Por eso consideramos que esto está orquestado por gente ajena a esa institución», sostuvo el fiscal. Entre los arrestados hay un sujeto que lanzó una bomba Molotov contra una gasolinera, acción que desencadenó la violencia, y otro de 19 años que portaba un fusil AK-47 que fue disparado en siete ocasiones, dijo. «Se le detuvo con un cargador. Había ocultado el arma. Sin embargo, posteriormente condujo a los elementos investigadores al sitio donde la había ocultado y ahí la pudimos asegurar», agregó el funcionario en entrevista para Noticias MVS. Además, está arrestado «un agente ministerial (policía de la fiscalía)», a quien en varias fotos publicadas hoy en la prensa se le ve vestido de civil, con un arma larga, en posición de disparo hacia los manifestantes. «No vamos a ocultar nada. Vamos a actuar con toda responsabilidad. Donde no podamos actuar nosotros, vamos a turnarlo a la Procuraduría General de la República (PGR) (fiscalía general)», que indaga únicamente la posible responsabilidad de policías federales en los hechos, agregó.

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