COLUMNA

La Jaula de Dios

Jesús Pintor Alegre

De justicia ciudadana. Una de las pocas veces como ayer, una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo a un documento girado luego del medio día de ayer, la justicia se aplicó a favor de un grupo de ciudadanos, una cuestión a resaltarse si se toma en cuenta las de sal por las que han ido de arena.

Sin importar su naturaleza, y luego de algo así como dos años de espera, un grupo de ocho personas aproximadamente, de la comunidad de Cuauhlotitlán, municipio de Tlalchapa, solicitaron al presidente municipal, Lorenzo Galindo Mojica, la información que todo ciudadano, por derecho propio, debe conocer, es decir, de qué forma estaba siendo utilizados los dineros públicos.

La solicitud se recibió en la secretaría general. Y se abrió un compás de silencio abrumador, se remitió el asunto al Juzgado Quinto de Iguala, donde luego de 44 requerimientos y los mismos oídos sordos, se tuvo que hacer cargo el Tribunal de Circuito del puerto de Acapulco y la misma respuesta de Galindo Mojica.

En esta historia de valemadrismo de funcionarios municipales, entró al quite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dictaminó ayer la sentencia: disuelve el poder de Tlalchapa, de tal suerte que el presidente municipal, el síndico procurador y los regidores, deben ser separados de su cargo.

El motivo es muy claro: no atendieron a los ciudadanos. Es cierto, el ayuntamiento no queda sin autoridades de facto, faltaría que el Congreso del estado reciba la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga la sustitución de funcionarios, y esto sucederá en el lapso que maque la ley.

Un acto, que de ejecutarse como parece inminente, habla del peso que tiene el ciudadano, y si bien pudiera marcarse que los que han promovido esto pudieran ser perredistas como se filtra, en contra de un gobierno panista, es también muy cierto que se ha dejado escuchar la voz ciudadana y eso, es de resaltarse.

Algo que había estado haciendo falta en este tramo de la historia, y ese es el punto a resaltar, es la nota como dirían los estudiosos de la comunicación, pues en este caso, el ayuntamiento del Tlalchapa, desacataron una orden de las instancias legales, eructada a partir de una petición ciudadana.

Ahora bien, o ahora mal, da lo mismo, si esto no llegara a ejecutarse como pudiera pasar no obstante la orden directa de la Suprema Corte de Justicia, que se hicieran amarres de tal forma que enmarañaran el asunto, entonces, la condición de asquerosidad de nuestros funcionarios, sería innegable.

En estos momentos no se puede decir que Tlalchapa se quedó sin autoridades políticas, lo cierto o cuando menos lo que dice la Suprema Corte de Justicia, es que ya Lorenzo Galindo no puede ejercer como alcalde, ni el síndico procurador y los regidores, pues están en capilla, y sólo faltaría que el Congreso del estado, ejecutara e hiciera la sustitución.

Y en esa línea se podrá ver que este gobierno de extracción panista, simplemente resultó tal como se pronosticaba al principio de su administración, es una lástima, claro, pues un municipio como Tlalchapa requiere de trabajo, más cuando representa o es el área calentana de mayor producción agrícola, es decir, un lugar que en verdad requiere apoyo.

Este desacato, por aparte, debe poner las barbas a remojar al resto de los alcaldes actuales y los que vengan. Primero, se demuestra que un presidente municipal por el hecho de llegar, no se convierte en un sabelotodo, no es Mesías ni nada parecido, que un alcalde es el primer servidor del municipio, es el primer sirviente o el primer empleado.

El poder se lo da el pueblo por medio del voto y por medio de su fiscalización debe dirigirse, y que sin la nueva constitución política que propone Ángel Aguirre Rivero, y que sigue sin acabarse, se puede hacer justicia a los ciudadanos. Que de pronto, hoy, así en este tono, se ve que se ha aplicado, faltaría que alguna argucia jurídica mañosa, tumbara esto.

Que se puede, claro que se puede, en este país donde todo puede suceder, hasta el mayor disparate del mundo, si es posible aumentarse salarios y aguinaldos, si se escapan reos de las cárceles de alta seguridad, si los que tienen más, más se les da, y los que carecen de todo, hasta lo que no tienen, les quitan, pues se puede, claro, no hacer caso a un ordenamiento, sin importar su naturaleza.

Se han caído sistemas en las elecciones, han surgido presidentes de la República ilegales, se han dado casos de las trampas electorales, se han abierto heridas y se simula casi siempre, en un ejercicio cotidiano que agrede al ciudadano, esperemos que esta sentencia de la Suprema Corte no corra un destino parecido.

Allí pues el resultado, y esta vez podemos decir: al fin se ha aplicado la justicia, cuando menos en los que se dice superficialmente, y en un caso, el de Tlalchapa, que se asegura desde su interior, que por los malos manejos administrativos, se adeudan aguinaldos y hasta salarios. En fin veremos y discutiremos.