NOTA

No desaparecer la
Ayotzi, ni juicio AR


Unos 800 integrantesde la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) se manifestaron hoy viernes frente al palacio de gobierno, en defensa de la educación pública, en contra del incremento al pasaje urbano, la desaparición de la normal de Ayotzinapa, por justicia para los estudiantes normalistas muertos durante el desalojo de la autopista Cuernavaca-Acapulco, el 12 de diciembre pasado y en rechazo al juicio político al gobernador de esta entidad, Angel Heladio Aguirre Rivero.

La columna de inconformes compuesta por mineros de Taxco, estudiantes de 54 preparatorias populares de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), campesinos, trabajadores del servicio urbano, amas de casa y maestros, salió en marcha a las 12:20 y fue encabezada por Nicolás Chávez Adame y Pablo Sandoval Cruz, dirigentes de la APPG.
Los líderes de la ONG declararon que exigirán al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, a que envíe un decreto al Congreso local, en el que se especifique la no desaparición de la normal de Ayotzinapa.
Pablo Sandoval Cruz aseguró que el asesinato de los normalistas Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, no fue algo planeado por el gobierno estatal, «por eso digo que como slogan está bien, pero es una estrategia equivocada, porque en todo caso debería pedirse juicio político en contra del presidente de México, Felipe Calderón».
Se pronunció también por la refundación de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, debido a que sus planes y programas de estudio están desfasados y su planta de maestros requiere una actualización académica, para que se cumpla el objetivo de formar maestros que eduquen de acuerdo a la realidad que está viviendo el país.
Pidió una investigación seria y profunda para castigar a los verdaderos responsables de la muerte de los dos normalistas, «no como lo que hizo la CNDH, que no dio buenos resultados, porque no dijo quiénes fueron los responsables del doble crimen».
En el mitin frente al Palacio de Gobierno, Nicolás Chávez Adame demandó del gobernador una audiencia para plantearle directamente la inconformidad con el alza al precio del pasaje urbano, que los permisos para taxis y urvans sea de acuerdo a la antigüedad real de los trabajadores.

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