SUMARIO

Caos vial durante el
mitín en el centro hoy

Javier Francisco Reyes.—Los estudiantes de la escuela normal rural «Raúl Isidro Burgos», apoyados con diversas organizaciones de Guerrero, con un mitín impugnaron el amparo 352/2012 a favor de policías ministeriales, presuntamente el12 de diciembre habría disparado contra dos de sus compañeros normalistas.

Después de las 11 de la mañana de hoy martes, los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaron frente al Juzgado Primero de Distrito, en esta capital, mientras abogados de Tlachinollan, presentaron impugnaciones en contra del amparo 352/2012, que interpusieron los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, acusados de haber dado muerte a los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre del año pasado.
Los manifestantes encabezados por Vidulfo Morales, los abogados de Tlachinollan, entregaron al Juzgado Primero de Distrito, pruebas documentales de los hechos consumados el 12 de diciembre del 2011, «que indican que los policías ministeriales son culpables y que no deben quedar en libertad, por lo que pedimos al juez que no proceda el amparo a su favor».
Las pruebas presentadas ante el Juzgado Primero de Distrito, son videos, fotografías y testimonios de personas que presenciaron los hechos violentos del 12 de diciembre del año pasado, durante el desalojo violento de estudiantes de Ayotzinapa, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde murieron los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En tanto Antonio Nogueda Carbajal, abogado defensor de los policías ministeriales Ismael Matadamas y Rey David Cortés, señaló que el amparo solicitado en favor de la libertad de sus defendidos, sí procede porque «ha quedado demostrado que no dispararon sus armas de acuerdo a las pruebas de balística que les fueron aplicadas por peritos de la PGR».
Por su parte Francisco Javier Monrroy Hernández del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), y el vocero de los normalistas Diego Castro Domínguez, acusaron al gobierno estatal, de incumplir con las recomendaciones que hizo la CNDH, que según afirmaron fue concertada y no se apega a la ley, porque «perdió peso al señalar como responsables a funcionarios de primero y segundo nivel, y se excluyó a Genaro García Luna y al gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero».

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