NOTA

Garantizarán seguridad

para activistas de ONG’s

El gobierno de Guerrero y organismos de derechos humanos acordaron la elaboración e institucionalización de protocolos de investigación y de reacción inmediata, para garantizar la seguridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra y de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En el encuentro, en el que participó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, el gobierno del estado presentó una propuesta de seguridad y de reacción inmediata ante algún evento de riesgo o amenaza para el defensor Rosales Sierra.

Los defensores de derechos humanos reconocieron la disposición del gobierno del estado para avanzar pronto en las medidas de protección del defensor Vidulfo Rosales, como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Asimismo, acordaron la revisión del protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que será presentado para su consulta a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a Amnistía Internacional.

A la reunión acudieron la encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Martha Elva Garzón Bernal; así como representantes del gobierno federal, CDH de la Montaña Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos.

Opositores a La Parota apoyan
activista de Tlachinollan Vidales

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), manifestó su apoyo al litigante defensor de garantías Vidulfo Vidales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien abandonó el país recientemente a causa de las amenazas recibidas en un mensaje impreso el pasado 4 de mayo.

En conferencia de prensa en el zócalo porteño, en la que participaron unos 20 ejidatarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el vocero del Cecop, Marco Suástegui Muñoz, subrayó que «esto evidencia que el gobierno del estado no está haciendo nada para proteger a los defensores de derechos humanos, esto evidencia que este gobierno que llegó por la izquierda está bateando y golpeando por la derecha, esto evidencia que no hay garantías para iniciar una lucha como la del Cecop».

Añadió: «Pedimos al gobierno del estado que garantice las medidas necesarias de seguridad para que Vidulfo Rosales y su familia estén a salvo, pero sobre todo estamos exigiendo el regreso inmediato del exilio de nuestro compañero; nosotros lo consideramos como un miembro del Cecop».

Entre los casos que ha litigado Rosales Sierra, se encuentran los que el Cecop ha entablado en tribunales agrarios federales de 2003 para invalidar las asambleas en las que supuestamente ha sido aprobada la presa La Parota, que pretende edificar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona rural del municipio, lo que provocaría el desplazamiento de miles de familias.