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Terminar con la

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El magistrado electoral Isaías Sánchez Nájera, dijo que es necesario la creación de una Ley de Partidos para que haya un equilibrio en los derechos de la militancia de todos los partidos políticos, que la justicia interna sea igualitaria, y sobre todo, que los institutos políticos no burocraticen la justicia con el establecimiento de más de un recurso intrapartidista, y haya una justicia pronta y expedita como lo mandata el artículo 17 de la Constitución Política del país.

Lo anterior fue externado por magistrado electoral, al participar como comentarista del libro «Temas de Derecho Procesal Electoral» tomo III, que este miércoles fue presentado en el auditorio «Sentimientos de la Nación» del Tribunal Electoral del Estado.

Al participar con comentarios en el tema «La Democracia Interna de los Partidos», Sánchez Nájera destacó que el actuar de los partidos políticos basada sólo en su normatividad interna, al margen de una ley de partidos, muchas veces permite decisiones cupulares que degenera a la democracia en una partidocracia, y precisamente el establecimiento de una normatividad reguladora a través de una ley de partidos, busca que sus actividades estén sometidas a condiciones de igualdad para sus militantes «.

Si bien los partidos políticos tienen facultades para actuar conforme a sus estatutos, éstos no pueden bajo ninguna circunstancia estar en contra de los principios fundamentales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de derechos políticos, agregó Sánchez Nájera.

El también titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, expuso que hasta antes de 1996, en el país solamente existían mecanismos de impugnación sólo para partidos políticos pero no para ciudadanos, es decir, «si un acto de autoridad afectaba a un partido político, éste tenía el derecho de inconformarse ante las instancias jurisdiccionales electorales, pero el ciudadano común no tenía prácticamente ninguna tutela de sus derechos políticos electorales».

Explicó que con las reformas de 1996 en materia electoral, a nivel federal fue instituido el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, «el cual fue un avance fundamental que marcó el inicio de una justicia electoral integral tanto para partidos como para ciudadanos».

«El establecimiento de ese juicio marcó un contrapeso y ejercicio de un derecho en el caso de la violación de un derecho político electoral al militante por parte de un partido político», agregó el magistrado electoral.

Sánchez Nájera se pronunció a favor de la discusión en el foro sobre la pertinencia de la creación de una Ley de Partidos, en donde todos los militantes de cualquier partido encuentre igualdad de oportunidades y derechos que hacer valer en tratándose de la violación de sus derechos político electorales.

Desde su particular punto de vista, el magistrado Isaías Sánchez Nájera dijo que lo más idóneo es que los partidos políticos sólo contemplen un recurso intrapartidario para que sus militantes tengan acceso pleno a la justicia interna de manera pronta y expedita, porque la existencia de más de un recurso se convierte en una denegación de justicia.

«Si los ciudadanos son iguales y los partidos son entidades de interés público, lo adecuado sería la existencia de un plano de igualdad en el ejercicio de sus derechos. Esa es la esencia de un estado democrático, «la democracia interna de los partidos debe significar la igualdad de oportunidades para todos, así como la igualdad de condiciones», agregó.

Por ello, Insistió en que se tiene que buscar la protección de los militantes y de los ciudadanos de manera igualitaria, y una Ley de Partidos permitiría también mayor democratización de éstos, «considerando que los ciudadanos son la parte esencial de la democracia, pues son ellos quienes a través de los partidos eligen a sus gobernantes».

En sus comentarios, Sánchez Nájera concluyó: «si queremos un estado sólido y de progreso, debemos tener partidos fuertes y consolidados que alienten la participación política de los ciudadanos como lo establece la norma constitucional, y respeten los derechos de los militantes».