COLUMNA

Aguirre Rivero y nueva
deuda con BANOBRAS

Mario García Rodríguez*

Sólo migajas, autorizó el Congreso local al aprobar en días pasado por unanimidad de los diputados al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero gestionar o contratar uno o varios créditos con BANOBRAS, hasta por la cantidad de 459 millones de pesos, que se destinarán a financiar el costo de nuevas inversiones asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos.

 En tanto que en sesión extraordinaria del Congreso del estado de Veracruz, los legisladores, el pasado fin de semana autorizaron al gobernador Javier Duarte de Ochoa, contratar un crédito con la banca señalada, 4 mil 756 millones 960 mil 914 pesos.
Sin ser experto en matemática salta a la vista que la cantidad crediticia otorgada por el Congreso jarocho, es muy superior al que aprobó la legislatura guerrerense.
Al respecto hay varias preguntas en el aire, de la que sobresale ¿porqué el Congreso de Guerrero asume una actitud «pichicata» con el Ejecutivo del estado?, cuando bien podrían aprobar un crédito más alto para impulsar el desarrollo de la entidad.
Todos sabemos que este tipo de préstamo con BANOBRAS, resulta más benéfico que perjudical, porque no cobra altos intereses y pueden aplicarse paulatinamente.
Sin embargo, el Congreso local no hizo nada de su parte, para conseguir mayor préstamo que tanta falta hace para financiar el costo de nuevas inversiones a proyectos de desarrollo.
Los 459 millones de pesos otorgados por el Congreso, representan menos del 25% del total del aprobado por la legislatura veracruzana.
Con esto, el gobernador Aguirre Rivero, poco podrá hacer ante una entidad con enormes carencias a las que se enfrentan los guerrerenses, incluso con municipios de los más pobres del mundo, por lo que nuestra entidad debería de tener un presupuesto superior a los solicitado en aras de un desarrollo económico suficientemente sustentable.
A todo esto, habrá de agregarle la injusta distribución de los recursos aprobados por la Federación que se le a dado en llamar la miscelánea fiscal o la ley de egresos, donde una desigualdad competencia con los estados más ricos del país, como son Edomex, DF, NL, Jalisco, entre otros, mediante negociaciones sin sustento legal debidamente establecido se quedan con la mayor parte del pastel presupuestado a estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
 Pues de los 4 billones de pesos anuales aprobados por el Congreso de la Unión, solo migajas le llegan a los estados más pobres del país.

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