POLICRONICA

Extorsionadores…En lugar de ir a servir al pueblo, se fueron a servirse a la Secretaría de Salud, en la que seguro que tiene participación el titular, tras el cobro de las extorsiones a los proveedores que actualmente enfrentan adeudos millonarios.

Desde antes de que llegara a la Secretaría de Salud en Guerrero, el perredista Lázaro Mazón Alonso, era el principal detractor de esa dependencia, por ende atacaba ferozmente al entonces gobernador perredista Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, de que utilizaba los recursos para comprar helicópteros y utilizarlos para todo, menos para los enfermos que necesitaban transportarse en esa ambulancia área, principalmente de la región de la montaña. Como maldición el entonces senador de la república, Mazón Alonso, fue nombrado titular del área por el gobernador perredista tránsfugas del PRI, Angel Heladio Aguirre Rivero, quien le pidió que saneara la dependencia, seguramente eso fue, porque constantemente cuestionaba de los magros resultados a favor de la salud de los surianos. A un año y medio del gobierno perredista-aguirrista, no solamente hay ausencia de resultados a favor de los ciudadanos, sino que hasta se formó una banda de delincuentes de «cuello blanco», y sin duda, protegida por el perredista Lázaro Mazón Alonso, porque hasta el momento no ha dicho esta boca es mía y por su condición de detractor de las supuestas irregularidades, ahora hasta es cómplice. Esto, luego de que el viernes 31 de agosto pasado por la noche, un presunto comando armado de 15 personas habrían irrumpido a la fiesta del subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Arturo Sánchez Torres, quien festejaba en grande su cumpleaños en «privado», en la casa del subsecretario de planeación ubicada al sur de Chilpancingo, Pablo Zapién Cortés. Pero esto tiene antecedentes, habría que recordar que hace meses los proveedores de la Secretaría de Salud, denunciaron a Arturo Sánchez Torres, a su secretario privado, Elvis Cortés Salado y Pablo Zapién Cortés de que estaban siendo extorsionados exigiéndoles un 20 por ciento del total para que realizaran el trámite de pago de cada uno de los contratos en venta de medicamentos y realización de obras de infraestructura sanitaria. Lo sucedido a este trío de servidores públicos, no es gratuito, si no se lo han ganado a pulso, porque han estado afectando a gente trabajadora que de buena fe ofreció sus servicios, pero estos aprovechados de la ocasión, no quisieron perder la oportunidad para hacerse de un buen dinero de manera ilícita. Para justificarse—está de moda, culparlos—que Arturo Sánchez Torres, su secretario privado, Elvis Cortés Salado y Pablo Zapién Cortés supuestamente estaban siendo extorsionados por «un grupo delincuencial». Con esto hicieron creer a las autoridades estatales que efectivamente se trata de esto, sin embargo nada es creíble, porque si fuera cierto, actualmente la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, la misma Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social, que manejan mucho dinero del presupuesto para obras y beneficios también debieran ser víctimas, de estos grupos delictivos, pero al parecer no sucede nada de eso. Por lo que se presta a especular que es un «montaje», pese a todo ello todavía con cinismo exigieron al gobernador del estado les pusiera seguridad para garantizar su integridad física, por lo que se presentaron a las oficinas de la Secretaría de Salud para resguardar a esos tres rufianes oficiales, elementos de Policía Ministerial del estado encabezados por su director Marco Esteban Juárez Escalera, posteriormente hicieron acto de presencia efectivos del Ejército mexicano. Pero es el colmo, porque los mismos funcionarios cuentan con «guaruras» pagados con los impuestos del pueblo. En lugar de ofrecerles seguridad por sus malas acciones, lo que debería hacer el perredista tránsfuga del PRI, Angel Heladio Aguirre Rivero, es destituir a estos malandrines para ser investigados porque hay mucho de cierto que esos tres vividores del erario si estaban haciendo negocios turbios, con la complicidad del secretario Lázaro Mazón Alonso, porque al momento de conocerse este escándalo, lo primero que debió hacer fue haberlos cesados y luego investigarlos de sus acciones de cada uno de estos malhechores que cobran jugosos salarios en la Secretaría de Salud. En lugar de actuar, permitió que se invadiera de policías ministeriales y militares las oficinas centrales de salud ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, eso no solamente causó molestia, sino hasta pavor entre los trabajadores y personas que hacían trámites, porque nunca antes se habían visto atosigados por cuerpos policiacos, por la culpa de irresponsables funcionarios. Permitir resguardo para esos tres delincuentes de «cuello blanco» y distraer a elementos policiales, cuando deberían estar investigando y persiguiendo a delincuentes, van a cuidar a otros facinerosos que han estado medrando con el erario y que cuentan a su disposición guardaespaldas pagados en el erario público. Esto, no es afirmación a la ligera, existen denuncias públicas de que los empresarios capitalinos y guerrerenses les estaban exigiendo entrega de muchos pesos para hacerles efectivo el pago de deudas pendientes y eso no se vale, porque cada una de estas personas con su sudor de su frente y sacrificando hasta su familia, invirtieron dinero y ofrecieron servicios a una dependencia estatal, que se supone es seria, por ende también es legítimo ganarse unos cuantos pesos para medio vivir. Deporsí ya es difícil vivir en estos tiempos de violencia y encontrarse a ladrones en las esferas gubernamentales, pues se convulsiona más el ambiente social de Guerrero. En lugar de haber mandado a policías y ejército, el gobernador y el propio titular de salud, debieron haber ordenado una exhaustiva investigación en torno al comportamiento de esos tres denunciados con anticipación y no irse por la vía fácil, creerles todo y exagerar en seguridad, cuando la sociedad está demandando protección ante tanto delincuente que anda suelto en las calles. Eso nosotros llamaríamos desvío de personal de seguridad para proteger a tres personas que cobran en la nómina gubernamental, y que además traen escoltas pagados con nuestros impuestos, porque según fue gracias a ellos que los sacaron por la puerta trasera de la casa de la fiesta, y por ello no fueron encontrados por el presunto grupo armado que habría irrumpido en la fiesta y amenazado a los asistentes. Lo que exigimos a Aguirre Rivero y a Mazón Alonso, es más responsabilidad, ante estos hechos que dejan mal parado al gobierno aguirrista.…Fin…Termina la LIX Legislatura local, por ende queda pendiente el juicio de procedencia en contra del alcalde priísta de Tlapa de Comonfort, Willy Omar Reyes Ramos, acusado como autor intelectual del asesinato del que fuera diputado federal por el quinto distrito, con residencia en la región de la montaña, Moisés Villanueva de la Luz y de su auxiliar, Erit Vázquez Estrada, desaparecidos el 4 y encontrados muertos el 17 de septiembre del 2011 en las inmediaciones de la cabecera municipal de Huamuxtitlán. Con una remota posibilidad que hoy o más tardar mañana, pudieran los diputados locales aprobar el dictamen en la que se exonere o se declare procedente su desafuero constitucional, y aunque esto sucediera, definitivamente ya no les alcanza a estos flojos y mafiosos 46 diputados de la LIX Legislatura local, aprobar todo el proceso. Hasta donde se ha dado a conocer es que la Comisión Instructora no se ha podido poner de acuerdo, porque el presidente el priísta Marco Antonio Leyva Mena, se fue de aspirante a una candidatura, y volvió hace unas semanas al cargo, al igual que otro miembro, el prófugo del PRI, e identificado como aguirrista Ricardo Moreno Arcos, casualmente ambos ya firmaron el dictamen y quienes habrían caído en la irresponsabilidad de firmar el documento se encuentra el «agonizante» diputado del PRD Esteban García García, quien se encuentra enfermo de cáncer, el otro desconocido Pedro Reyes y del PAN Ramiro Jaimes Gómez quien también se había ido a buscar una candidatura a Taxco, pero como perdió, igualmente volvió a retomar sus funciones de legislador hace varias semanas y seguir cobrando sin trabajar. Como podemos ver, todo es un show mediático por los de la Comisión Instructora para dejar impune el caso y peor todavía el presidente de ésta, se justifica desde ahora que podrían ser inhabilitados por obstruir y dilatar la resolución, cuando tuvieron más de 10 meses para hacerlo. Para nosotros no es recomendable inhabilitarlos, sino fincarles responsabilidad y aplicarles estrictamente la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que podrían parar hasta la cárcel, porque actuaron con mucha negligencia y para justificarse, a menos de 48 horas de que dejen sus funciones de diputados anden «corriendo». Lo único cierto es que quedará pendiente desaforar a Willy Omar Reyes Ramos quien solamente le quedan exactamente 19 días como presidente municipal constitucional de Tlapa de Comonfort. Como no fue desaforado, mucho menos castigado, la familia seguirá exigiendo justicia a las autoridades, pero estas como han puesto oídos sordos, el riesgo es mayúsculo, porque los agraviados al sentirse desamparados y sufriendo la impotencia ante la pérdida de sus seres queridos, pudieran hacerse justicia por propia mano, cosa que no estamos alentando, sino advirtiéndole a las autoridades encargadas de aplicar la ley. A partir del primero de octubre, el priísta Willy Omar Reyes Ramos tendrá dos opciones quedarse a vivir intranquilamente en Tlapa de Comonfort o cambiar de residencia, porque los señalamientos ciertos o falsos de ser el autor intelectual del doble homicidio ya está marcado de por vida. Además no hay que olvidar que hay varios detenidos y encarcelados, con o sin culpa, están siendo procesados. Entonces la vida de Reyes Ramos se complica definitivamente y esa idea de que dentro de tres años va a volver a buscar otra vez la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort, se reduce a deseos y declaracionitis, pero siendo realistas, después de esto, será apestado por la sociedad y esto se comprueba. pues en las últimas semanas ya no vive en la ciudad tlapaneca, únicamente realiza visitas furtivas disque para inaugurar o poner en marcha trabajos de obras, en donde se toma la foto en muchas ocasiones solo o acompañado de algunas personas. Se confirma que no se siente seguro, mucho menos tranquilo, pero como tiene obligación tiene que estar de vez en cuando en el municipio de Tlapa der Comonfort, pero al momento de hacer la entrega de la estafeta al petista El Forastero, Victoriano Wences Real, definitivamente tendrá que poner tierra de pormedio y cuando reaparezca en público será noticia «El Peña Nieto de la Monta»…Fracaso…Hasta el cansancio hemos sostenido que el pomposamente llamado «Operativo Guerrero», es un verdadero fiasco, aparte de que no ofrece resultados, se está gastando mucho dinero, lo peor, es que la entidad suriana todos los días se mancha de sangre con gente involucrada o no en el crimen organizado. Lo único cierto es que las noticias son catastróficas todos los días y casualmente, en donde está el «Operativo Guerrero Seguro», más bien, lo llamarías «Guerrero seguro de muchas muertes». A vuela de pájaro, habría que rememorar, apenas hace 24 horas, en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, fueron tirados y abandonados en una camioneta hasta con el tiro de gracia 16 cadáveres, los once en el mes de agosto en La Unión, así como secuestros y ejecuciones en poblados cercanos. Lo bueno de todo esto, es que el mismo mandatario prófugo del PRI y ahora refugiado en el PRD, en donde amenaza que habrá de permanecer, Angel Heladio Aguirre Rivero, reconoce tajantemente que no se dan los resultados esperados con el Operativo Guerrero Seguro, casualmente en la región de Tierra Caliente, que no lleva ni un mes, en que lo puso en marcha con bombo y platillo, esto ante los 16 cuerpos encontrados este lunes en una camioneta en el municipio de Coyuca de Catalán. Inclusive deja entrever Aguirre Rivero, que los límites de Guerrero con entidades vecinas como Michoacán, pudiera estarse convirtiéndose en un traspatio de muertos. Hemos planteado en este espacio, que el «Operativo Guerrero Seguro» tiene que ser revisado y reorientarse para que haya resultados, porque desgraciadamente en las regiones como Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente en donde se encuentra esta medida de seguridad, se ha incrementado la violencia, pero lo peor, es sin resultados y la otra definitivamente retirarlo de Guerrero. Aguirre Rivero tiene que revisar este programa, porque de lo contrario, seguirá corriendo sangre en Guerrero.