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Obligada LX legislatura

nuevo marco jurídico:GB

 (Prensa-Congreso).—El diputado Antonio Gaspar Beltrán aseguró que actualmente la 60 Legislatura tiene la tarea de construir un nuevo marco jurídico que contribuya a fortalecer las acciones para concretar el estado de derecho que merecen los guerrerenses con mayor justicia, capacidad productiva, sin pobreza, ni marginación y, sobre todo, con seguridad y paz social. 

Al ser cuestionado sobre los trabajos de reforma a la Constitución Política local, que realiza el Congreso, el legislador se pronunció por una reforma constitucional que garantice el respeto, oportunidades de trabajo, salud y educación para los guerrerenses, acorde  a la realidad que se vive en la entidad. 

El legislador consideró que se necesita una transformación total  a la Constitución en la que se incluyan las obligaciones que tiene la familia de formar ciudadanos de bien y el gobierno se comprometa a promover los valores humanos en la sociedad.

El también presidente de la Mesa Directiva dijo que todos anhelan un país seguro, sin violencia y con oportunidades de una vida mejor, por eso, dijo, trabaja en las reformas necesarias  para fortalecer las instituciones de acuerdo a la realidad de los guerrerenses, así como de la situación económica del Estado.

«Para ello, los tres poderes del Estado y la sociedad en su conjunto trabajan para generar una dinámica que permita responder a las demandas más sentidas y los anhelos de los guerrerenses», dijo. 

Agregó que la Constitución «nace de los anhelos de las clases populares como la justicia, igualdad y democracia y a pesar de sus múltiples reformas nuestra realidad la está rebasando por eso urge una nueva Constitución donde prevalezca lo más avanzado y se renueve aquello que no corresponde a los Sentimientos de la Nación».

En ese sentido, precisó que es urgente elevar a rango constitucional el derecho a la seguridad pública recogiendo las aportaciones y la opinión ciudadana  que sobre este tema han dado los últimos acontecimientos, porque refirió que «defender la vida,  la familia   y el patrimonio no sólo es un derecho sino una obligación del Estado pero también del ciudadano».

Por eso aplaudió la iniciativa del Ejecutivo Estatal  de instalar la Comisión  para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, donde participan los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la entidad pero sobre todo las organizaciones sociales.