miércoles, 6 de marzo de 2013

BOLETIN


AGB:Acotar fuero, que
no sirva de impunidad 

  El acotamiento del fuero constitucional para que los funcionarios de elección popular que cometan algún delito, sean sometidos a juicio aún en funciones como cualquier ciudadano, como lo propone el Congreso federal, permitirá que esa figura jurídica no sea utilizada como sinónimo de impunidad, dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Antonio Gaspar Beltrán.

Se pronunció a favor de la propuesta de reforma a la Constitución Política federal que trabaja el Congreso de la Unión, para acotar el fuero constitucional desde regidores hasta el presidente de la República, «porque no se debe permitir que al amparo de éste haya actos de corrupción y de incumplimiento a la ley».
El diputado por el Partido de la Revolución Democrática se manifestó en contra de que al amparo del fuero constitucional, haya funcionarios de elección popular que pretendan evadir la acción de la justicia.
«No por el hecho de ser diputados tenemos derecho a infringir la ley, pero debemos aclarar que el fuero sí debe proteger la libertad de expresión y el ejercicio de las funciones que tienen los legisladores», agregó el también ex síndico procurador de Chilpancingo.
Antonio Gaspar manifestó que el fuero constitucional no debe verse como una figura jurídica para que haya impunidad, «porque la aplicación de la ley debe ser pareja para todos».
¿Diputado, tiene conocimiento de que haya habido funcionarios de elección popular que delinquieron y pretendieron protegerse con el fuero constitucional?
—Muchos políticos en ocasiones brindan de un lado a otro buscando el fuero para protegerse, más que para tener el compromiso de servirle a la gente, y no seré yo quien dé nombres porque la opinión pública ya los tiene.
Cabe señalar que la reforma al fuero constitucional ya está en marcha en el Congreso federal, y la característica fundamental de la modificación es que los funcionarios de elección popular podrán ser sometidos a juicio aún en funciones cuando incurran en un delito, y de resultar culpables serán destituidos y encarcelados.
Con la reforma desaparecerá el procedimiento de ejercicio de procedencia que aún se aplica servidores públicos de elección popular que presuntamente cometieron algún delito, que desahoga un jurado del Congreso, que en ocasiones es muy prolongado y los resolutivos han dado lugar a suspicacias.

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