Deberán las autoridades
atender agresión femenina
(Prensa-Congreso).--Autoridades ministeriales y personal médico y de enfermería del sector salud deberán atender y notificar sobre todos los casos de agresiones en contra de mujeres, informaron diputadas del Congreso de Guerrero.
Las diputadas Ana Lilia Jiménez Rumbo, Julieta Fernández Márquez, Delfina Oliva Concepción Hernández y Laura Arizmendi Campos, dieron a conocer en conferencia de prensa los alcances de las reformas que fueron aprobadas por el pleno del Congreso local a la Ley para Garantizar una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en Guerrero.
Informaron que dada la gravedad del problema de la violencia de género, que muchas veces se enfrenta a la indiferencia de las autoridades, se modificó la ley para que médicos y enfermeras del sector salud informen al Ministerio Público sobre todos los casos de mujeres que sufran algún tipo de agresión.
En este caso, el Ministerio público deberá acudir con el personal pericial que se requiera a la institución de salud donde se encuentre la víctima, para confirmar y documentar el caso y, en caso de que proceda, iniciar la averiguación previa correspondiente.
Asimismo, se determinó que en los casos de que el agresor de la mujer sea su pareja sentimental, las autoridades ministeriales deberán garantizar un periodo de 72 horas en los que el agresor no tenga proximidad con la víctima.
Las autoridades del sector salud y de procuración de justicia están asumiendo el compromiso de aplicar sanciones en los casos en que no se reporten, se investiguen y se dé seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres.
La diputada Julieta Fernández Márquez afirmó que con estas reformas se podrá impulsar un cambio cultural que permita la protección de las mujeres: “Es inimaginable la cantidad de violencia que hay en contra de las mujeres y las niñas y eso queda generalmente en el ámbito privado y en la impunidad porque no hay denuncias”.
La diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo informó que se ha platicado con los titulares de diversas dependencias estatales, para que cumplan con su responsabilidad de apoyar a las víctimas de violencia intrafamiliar y no ubicarse en un segundo nivel de agresión por omisión o negligencia.
Dijo que con las modificaciones se implementarán más medidas jurídicas para que un agresor se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.
La legisladora Delfina Oliva Concepción Hernández refirió que ya es obligación de la Procuraduría de justicia llevar un registro confiable de todos los casos de agresión a mujeres, aún cuando no se inicien averiguaciones previas por ello.
A su vez, Laura Campos Arizmendi agregó que las diputadas de Guerrero están en comunicación con las autoridades que les compete la atención del género femenino para enfrentar la violencia contra las mujeres.
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