PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

 Ante inseguridad

autodefensa aquí

Javier Francisco Reyes.--Ante la ola de secuestros, extorsiones, asesinatos y destrucción de sus propiedades  por la delincuencia organizado, y protegida por elementos policiacos y funcionarios de los tres niveles de gobierno, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (CCSDEG), integrado por 30 organizaciones sociales y empresariales, anunciaron la conformación de grupos ciudadanos de autodefensa en Chilpancingo.

Por segundo día consecutivo en sendas conferencias de prensa, la primera ayer en la ciudad de México y hoy jueves en Chilpancingo, 

Jaime Nava  Romero y Francisco Osorio Flores, de la Coparmex; Apolinar Segueda Dorantes, de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), y María Luisa Vargas Mejía, de la Maquiladora de Uniformes Trabajando Unidos por Guerrero, dieron a conocer en un documento que le fue entregado al presidente Enrique Peña Nieto, de que esta capital “está a punto del estallido social, pedimos al Estado mexicano restablecer el estado de Derecho”.

Ante esta inseguridad pública, que no solamente viven los ciudadanos, sino hasta los empresarios y comerciantes estos hoy jueves lo calificaron como “insoportable”,  por lo que sentenciaron que si el gobierno no procede en contra de los grupos del crimen organizado, habrán de organizarse para conformar grupos de autodefensa  en Chilpancingo

En su conferencia de hoy jueves, y con un documento escrito, enfatizaron: “La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite, porque no existe el estado de Derecho, quienes mandan son los criminales protegidos por los tres niveles de gobierno, que han impuesto un sistema recaudatorio paralelo al del Estado mexicano”.

Los representantes de al menos 30 diversas organizaciones, sostuvieron que están a punto de seguir el ejemplo de otros municipios de Guerrero y Michoacán, por lo que si no se les atiende, “no tendremos otra alternativa más que tomar la justicia en nuestras manos, ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa”. Reiteraron lo dicho en la capital del país ayer miércoles, de que desde el 2011, el problema de las extorsiones y secuestros por parte de los grupos criminales ha ido creciendo, “casi nadie se salva del cobro de ‘piso’, y quienes aún no lo hacen, poco les falta en ser obligados”.

Revelaron que los dueños de ferreterías, casas de materiales, constructoras, tablajeros, pollerías, abarrotes y hoteleros, se les obliga a entregar determinada cuota periódicamente dependiendo de la actividad que sea.

Indicaron que en el caso de las empresas constructoras, dijeron, se les obliga a pagar hasta el 15 por ciento del valor del contrato, aparte de obligarlos a firmar contratos colectivos con sindicatos que ellos controlan.

En su intervención y quien ha denunciado la piratería avalada por la delincuencia organizada,  el perredista Apolinar Segueda Dorantes, dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), sostuvo que las autoridades del Transporte estatal han permitido el funcionamiento de 60 “combis”, 86 camionetas recolectoras de basura y 200 taxis, controlados por lo que dijo es la “maña”, por lo que aun a pesar del dolor, el temor y el miedo, “nos vamos a poner de pie”.

Por su parte María Luisa Vargas manifestó que los grupos criminales “nos han robado la paz, la tranquilidad y la armonía, y dónde están las autoridades, a las que les queremos decir que no pretendemos generar violencia, la guerra, pero sí que el gobierno actúe brindando seguridad”.

Reiteraron que el documento entregado al presidente de la república, el priísta Enrique Peña Nieto se le informa que para el cobro de “piso” los delincuentes acuden personalmente a los negocios a cobrarlos e inclusive voltean hacia las cámaras de video a manera de reto.

Aseveraron que actualmente hay 15 comerciantes secuestrados, más de 100 familias han tenido que salir de esta capital, “todo esto es posible debido a que los criminales reciben protección”.

Ante su desesperación, sostuvieron que los comerciantes están exigiendo que en verdad el gobierno de la república mande las fuerzas federales a Chilpancingo, para abatir a los delincuentes, porque presumen que estos tienen la protección de los servidores públicos y policías municipales, estatales y federales.