POLICRONICA

   Desacato…En por lo menos siete años, los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), desacataron flagrantemente la ley, al hacer caso omiso a la indemnización, paradójicamente de siete trabajadores despedidos y los autores de esto fueron premiados con otro cargo.

Cuando fungió como consejero presidente del ahora desaparecido Consejo Estatal Electoral, Emiliano Lozano Cruz, tuvo la ocurrencia de despedir a siete trabajadores, sin liquidarlos conforme a La Ley Federal del Trabajo por allá en el 2007 y desde entonces no han sido atendidos. Lo paradójico, el mismo Lozano Cruz, cuando ya estaba a punto de terminar su gestión constitucional en el 2008, tuvo el descaro de ampararse para que siguiera en el cargo, pero la justicia federal le negó ese derecho. En su lugar, el 17 de mayo de 2008, a las cinco de la madrugada, el Congreso Local eligió como consejero presidente a César Gustavo Ramos Castro, quien estuvo hasta el 15 de noviembre del 2012. Los dos presidentes del IEEG, uno que despidió a los siete trabajadores, por ende le generó un conflicto laboral a la institución y el segundo simplemente se hizo el occiso, le dio largas a la solución, por tanto también le causó problemas financieros, tanto Emiliano Lozano Cruz y César Gustavo Ramos Castro, las autoridades les permitieron y hasta con complicidad, para que hoy en día ambos sean magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), sin reparar de que el IEEG lo dejaran embarcado con una deuda millonaria por concepto de indemnización, y ahora quitados de la pena, hasta se burlan, porque el actual presidente del IEEG, José Guadalupe  Salgado Román, dentro de sus problemas alcoholismo, ya no sabe qué hacer, junto con los seis restantes consejeros, pues el pasado lunes actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo intentaron embargar los bienes del Instituto Electoral del Estado (IEEG) en base a una sentencia absolutoria a favor de siete ex trabajadores del órgano electoral. Pero como unos verdaderos cobardes se escondieron, no dieron la cara, ni ofrecieron un posicionamiento oficial sobre esta problemática que heredaron de sus antecesores, que ahora suman 26 millones de pesos, solamente porque dos bribones se hicieron los occisos. Le guste o no, Salgado Román tendrá que desembolsar ese dinero y entregárselo a los despedidos Julia García Lara, Víctor Aguilar García, Rubén Maurilio Vázquez Pineda; Juan Carlos Flores Calvo, Verónica Pérez Santos, Alejandro Ramírez Manrique y Daniel Nájera Piedra, a quienes se les pagará horas extraordinarias y salarios devengados no pagados, más el agravante de despido injustificado. En caso de desacatar esa orden, estará en predicamento todo el IEEG, porque es un órgano colegiado y tienen que responder puntualmente lo que reclaman con justa razón los ex trabajadores, porque la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es absolutoria, no hay marcha atrás y se tiene que dar cumplimiento, ya no hay recursos legales que interponer, se tiene que dar cumplimiento o se estaría en desacato de la ley y podrían ser hasta destituidos del cargo. Deben entender los consejeros electorales del IEEG que  en materia laboral es complicado para un organismo, patrón, defender una posición contra los trabajadores que por ley laboral les corresponde y en este caso resolvieron las autoridades electorales y jurisdiccionales correspondientes, por lo que están obligados a cubrir los 26 millones de pesos. Hasta donde sabemos en su momento, algunos representantes de partidos políticos hicieron exhortos en su momento a Lozano Cruz para que se pagaran esos laudos para no incrementar la deuda, pero no les hizo caso, ahora ahí están las consecuencias, inclusive se le hizo también a César Gustavo Ramos Castro para que llegara acuerdos, pero omitió dar salida junto con el Consejo General, y acordaron que se iban a interponer los recursos legales necesarios para la defensa legal que se tenían que hacer, pero nuevamente se agravó el caso. Momentáneamente este lunes 2 de septiembre del 2013, no se efectuó el embargo, debido a una “orden” del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, inclusive se le exigió al personal del IEEG a retirar todos los vehículos a nombre de la institución, incluso los particulares, así como parte del equipo de cómputo y otros bienes de traslado fácil. Este lunes alrededor de las 12:30 horas arribó una comisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la cual verificó los bienes del órgano electoral pero no procedieron al embargo tras recibir una “orden” de Martínez Garnelo. Pero tarde que temprano el IEEG tendrá que pagar, no hay de otra, porque ya está la sentencia absolutoria y se debe a una presunta “irregularidad” de los pasados consejeros y magistrados electorales quienes dieron largas al proceso de pago por la vía jurídica a pesar de que el caso no les favorecía. Si realmente hay justicia en Guerrero y es pareja para todos, entonces se tendrá que llamar a cuentas tanto ex consejeros y ex magistrados electorales y aplicarles las sanciones correspondientes, algunos de ellos siguen vigentes, ya sea como consejeros y otros como magistrados a fin de que respondan puntualmente ante este desacato evidente.…Desaparición…El gobierno del estado encabezado por el perredista Angel Heladio Aguirre Rivero, está empeñado en desarticular todos los grupos comunitarios en donde operan Policías Comunitarios o de autodefensa, para ello puso a pelear a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la reciente creada Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG). Para ello está utilizando diversas artimañas, por un lado al Ejército Mexicano y la Marina, para detenerlos y desarmarlos y por el otro llamando a algunos dirigentes entregándoles alforjas de dinero. Los muy imbéciles disque dirigentes, están cayendo en la tentación de hacer dinero fácil, ante la perversidad de Aguirre Rivero. En algunos casos en estos momentos los tiene encarcelados, como la Coordinador de la CRAC- Olinalá, Nestora Salgado García, en un penal de alta seguridad en Nayarit, en tanto más de 32 policías comunitarios arraigados en un hotel de Acapulco. Otros los está comprando para declarar contra sus mismos hermanos de raza, como es el caso de Eliseo del Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que unilateralmente desconoció a sus coterráneos de la Casa de Justicia  El Paraíso, en donde dependen las Policías comunitarias de Tixtla, Huamuxtitlán y Olinalá. Es tan evidente que está manipulado por el gobierno estatal, que ayer vino a platicar con el Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y después de ese encuentro, arremetió contra los de la CRAC-Tixtla, que encabeza el promotor Gonzalo Molina González, pese a que el domingo la asamblea general de la CRAC  en San Luis Acatlán, respaldaron a sus compañeros por más de 52 votos, es decir está contraviniendo el mandato de la asamblea. En tanto los miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), andan preocupados por ello este martes marcharon por la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en el municipio de Cruz Grande en la costa chica del estado en demanda del cese al hostigamiento por parte del ejército mexicano y para solicitar paz social y diálogo las autoridades gubernamentales. Los policías del Sistema de Seguridad Ciudadana se movilizaron de manera pacífica vestidos de civil y sin su armamento de cargo por la carretera federal hasta la colonia de Playa Larga y después concluir  su marcha alrededor de las 15:00 horas en el zócalo del municipio de Cruz Grande. La marcha fue encabezada por Octavio Maganda Gallardo, promotor de la UPOEG quien dijo que los policías comunitarios quieren paz, el desarrollo en sus comunidades y el cese al hostigamiento militar. Como están observando el embestida del gobierno del estado, ahora están convocando a los ciudadanos y policías comunitarios asistir el 7 de septiembre a la asamblea general que tendrá la UPOEG en la comunidad de Playa Ventura, municipio de Copala, donde se definirá cual será el destino de la policía ciudadana si continuará o ya no seguirá brindando seguridad a sus pueblos. “Vamos a ver el día 7 de septiembre el desenlace de cómo vamos a quedar si la policía ciudadana de la UPOEG continúa o ya no continúa”. Como se observa el futuro de la CRAC con 18 años de vida y la UPOEG con escasos nueves meses, están amenazados por el gobierno estatal y lo está logrando, porque los ha dividido tal como quiere, no obstante que ambas organizaciones las fomentó para su creación y ahora como ya le están causando problemas a su gobierno, pues busca el apoyo del gobierno federal para someterlos, por ello es que el ejército mexicano y la marina andan deteniendo y desarmando a esos civiles que son más eficaces para ofrecer seguridad, que los propios policías de los tres niveles de gobierno…Molestia…Desde el pasado lunes, prácticamente convirtieron en un búnker el Palacio de Gobierno, pues hasta los empleados tienen que pasar a la báscula, y por ende llegan tarde. No se sabe porque esa estricta medida de seguridad, de quien se cuidan o quien le tienen miedo. Policías del estado reforzaron la seguridad interna del palacio de gobierno, implementando estrictos filtros, así como el paso obligado por una nueva caseta, donde se recogen identificaciones o credenciales y se anota en una hoja a quién se va a ver, o qué trámite es el que se pretende realizar, para poder ingresar a las oficinas gubernamentales, lo que ha comenzado a generar un gran malestar entre los trabajadores, quienes debido a esto llegan constantemente tarde, además de los visitantes, quienes pierden mucho tiempo para logra la entrada al palacio de gobierno. Desde el lunes anterior  todas las personas que deseen ingresar al palacio de gobierno, tienen que pasar obligatoriamente por una exhaustiva revisión por parte de los elementos de seguridad, además de identificarse, informar qué dependencia es la que se visita y cuál es el asunto que se va a tratar. Estas rigurosas medidas de seguridad retardan considerablemente el ingreso al lugar, lo cual ha comenzado a generar cierto malestar entre el personal de base y de confianza del gobierno del estado, quienes aseguran que como consecuencia de estos filtros de seguridad y vigilancia llegan tarde a checar su hora de entrada a las distintas oficinas y áreas de trabajo. El mayor problema de estos filtros de seguridad se genera por las mañanas, ya que es cuando miles de burócratas desean ingresar al inmueble al mismo tiempo para poder checar puntualmente su entrada en las diferentes oficinas gubernamentales. Hasta el momento desconocen las causas y los motivos del endurecimiento de estas medidas de seguridad, sin embargo, denunciaron que estas acciones les han generado ciertos problemas para poder llegar a tiempo a sus centros de trabajo, lo que con lleva a tener descuentos económicos debido a los retrasos y falta de checadas a tiempo. Pero si ahí dentro del palacio de Gobierno están los delincuentes de cuello blanco