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Ya propusieron la Ley Ortega-Campos para

inhabilitar funcionarios hasta por 20 años 

(Prensa-Congreso).--Los servidores públicos estatales o municipales que incurran en alguna irregularidad grave en el manejo de recursos o patrimonio de la institución de gobierno en la que laboren, podrán ser inhabilitados hasta por 20 años para ocupar un cargo público.

En la iniciativa presentada este martes, la sanción mínima es de un año y la máxima es de 20 años, en comparación de la Ley vigente que considera, además de sanciones económicas, que en los casos de daños y perjuicios a la administración pública estatal o municipal una inhabilitación de seis meses hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de la irregularidad. 

Así lo establece la iniciativa de Ley de Responsabilidades de Servidores del Estado y Municipios de Guerrero que presentaron los diputados Bernardo Ortega Jiménez y Amador Campos Aburto ante el pleno del Congreso local, y que pretende sustituir a la normatividad vigente desde 1984.

Además, se establece que los funcionarios públicos que incurran en una irregularidad grave podrán ser sujetos del aseguramiento de sus bienes, además de que deberán reparar o indemnizar a dicha institución por los daños y perjuicios que hayan provocado.

La iniciativa de ley incluye como sujetos de responsabilidad pública a los funcionarios de los ayuntamientos y de diversos órganos gubernamentales que no aparecen en la ley vigente, de tribunales Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje, así como de órganos autónomos como la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.

A diferencia de la ley vigente, la iniciativa presentada por los diputados Ortega y Campos amplia la tipificación de conductas irregulares sujetas a sanción, entre las que destacan el uso de información privilegiada para obtener beneficios económicos personales.

Además prohíbe que cualquier servidor público intimide o inhiba evite la formulación de quejas y denuncias por parte de los ciudadanos, o bien, que las desestime, rezague o deseche cuando ya hayan sido presentadas.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, establece con mayor precisión las sanciones administrativas y económicas, así como el ámbito de competencia de cada una de las instancias responsables de aplicarlas.

También se considera la obligación de la Contraloría General del Estado para sancionar a los presidentes del Tribunal y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como de los titulares de dependencias, de los comisarios y titulares de órganos internos de control.