POLICRONICA

    Cínicos…No solamente quieren más presupuesto para el 2014, los cínicos consejeros y representantes de partidos en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), si no que se oponen a que sean sustituidos por Instituto Nacional Electoral (INE).

La desfachatez y prolongado cinismo tanto consejeros como representantes partidos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), buscan a toda costa que la LX legislatura local, les autorice para el 2014, un superpresupuesto, cuando ni siquiera habrá comicios, además es criminal, estamos en medio de los daños que dejaron dos meteoros que nada son de solidarios. En medio de la tragedia de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, ahora a los guerrerenses serán atacados por una marabunta llamado Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), en la que hay consejeros y representantes de partidos políticos que a pesar de que no hay comicios en el 2014, con cinismo están exigiendo anticipadamente de que el Congreso Local les autorice un gran presupuesto. Si no nos creen, veamos como es el comportamiento de los representantes de los partidos políticos, en que hacen aparecer su descomunal hambruna de dinero, y por ende tienen la complicidad de los siete consejeros, encabezados por su ebrio presidente, quien prefiere despachar en las cantinas que en su cuchitril del IEEG.  Muy a pesar de que la situación en el estado de Guerrero, es en suma desastrosa, los representantes de diversos partidos políticos, como Ramiro Alonso del PRD; Marcos Salazar Rodríguez del PT; Manuel Saavedra Chávez del PRI; Alberto Zúñiga Escamilla de Movimiento Ciudadano, Valentín Arellano del PAN y Manuel Maciel Moyorido del PVEM, exigen al Congreso del estado más de 399 millones de pesos de financiamiento para realizar diversas actividades. Por orden del inepto, Presidente del Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG), José Guadalupe Salgado Román,  los representantes de los diferentes partidos políticos, que ganan sumas millonarias sin realizar actividad alguna, debido a que no es año electoral, pretenden que se les otorgue más dinero solo para poder colocar en la nómina a familiares y queridas, y no para la realización de actividades inherentes al quehacer electoral. Además resulta aberrante y criminal que esos representantes de los partidos políticos, privilegien sus intereses personales, a los de miles de guerrerenses, que se encuentran al borde de la hambruna. Para ellos en el estado de Guerrero, no pasa nada, no hay afectados, no hay problemas que tienen al borde de la muerte a miles de personas. Resulta francamente inaceptable que estos políticos encabezados por el Presidente del IEEG, José Guadalupe Salgado Román, y el representante del Partido de la Revolución Democrática Ramiro Alonso de Jesús, privilegien el interés de los partidos políticos sobre el interés de la población que se encuentra en desgracia. Resulta también reprobable, la opinión burlona del representante del Partido del Trabajo, Marcos Salazar Rodríguez, de que el Congreso no debe salir con que se tienen que hacer puentes y bacheos. Para él no existe más que su interés personal, su desmedida ambición y su afán de agenciarse una mayor cantidad de dinero a cambio de apoyar todas las propuestas de ese Instituto Electoral, que está a punto de desaparecer porque su trabajo no ha sido fiable y será sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE). Y es además grave y vergonzoso que esa instancia electoral, de inmediato se cambie de oficinas a un lugar seguro por los daños causados a sus instalaciones por allá en la colonia “Margarita Viguri”, aún más seguirán rentando otro inmueble por allá en donde se encuentra la distribuidora de automóviles Chevrolet, al sur de Chilpancingo, mientras miles de guerrerenses no tienen donde ir a vivir porque las lluvias acabaron con todo lo que tenían. José Guadalupe Salgado Román, está más preocupado por su chamba, que por la situación por la que atraviesan miles de personas que no tienen ni para comer, porque él si factura en los mejores y más caros restaurantes a donde van a comer todos sus funcionarios y representantes de los diferentes partidos políticos. El IEEG, es un barril sin fondo, en donde primero está el cinismo y después el compromiso con la sociedad, porque desde ahora ya están presionando consejeros y representantes de partidos, para que los diputados de la LX legislatura local les autoricen el superpresupuesto de más de 399 millones de pesos para el 2014, cando no habrá elecciones, nos parece criminal, porque en estos momentos se necesita dinero para llevar a cabo la reconstrucción del estado de Guerrero, que es la prioridad en este momento no solamente para las autoridades, sino para todos los guerrerenses, en cambio los consejeros y representantes de partidos están pensando en lo particular, demostrando que aparte de que son un fraude y mantenidos del erario exigen millonario presupuesto. En realidad no se justifica la exigencia, primero porque no habrá elecciones en el 2014, si no hasta el 2015,  si en tiempos no electorales demandan mucho dinero, entonces si fueran organizarlos, sería infinidad de dinero. Lo recomendable es que el IEEG, sea sustituido por el Instituto  Nacional Electoral (INE), para ahorrar dinero, eficientar los procesos electorales y lo más importante creíbles, porque en los últimos comicios cometieron excesos, porque el IEEG entregó cinco diputaciones plurinominales al Partido de la Revolución Democrática (PRD) ilegalmente y que finalmente se las echó abajo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las repartió entre el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Para evitar este tipo de bochornos, si se justifica desaparecer el IEEG, que a los guerrerenses nos sale muy caro mantener a tanto parasito, en cambio cuando sea sustituido por el INE será mejor y se ahorrará mucho dinero, con ello también se bloqueará a los fraudes electorales. Se espera que pronto haya buenas noticias para los guerrerenses y mexicanos en torno a la creación del INE, que supla a todos los institutos del país y absorba la organización y realización de los comicios tanto locales, estatales y federales…Autopista…Aún no se ha terminado y ya es considerada una de las más riesgosas del país. La supercarretera Durango-Mazatlán (que el presidente Enrique Peña Nieto debe inaugurar el 17 de octubre) ya presentaba “peligrosas” fallas geológicas no previstas en el proyecto técnico, túneles tapados por aludes y tramos en donde el terraplén con el pavimento va literalmente hacia el precipicio, desde antes incluso de que la golpeara la cola del huracán “Manuel”. A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes también presenta fallas de diverso calibre. La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más “importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la tecnología más avanzada”. Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños “colaterales” que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona (Proceso­ 1823). Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos –como El Baluarte– completamente azolvados por el material que desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía. Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya, que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron puentes de paso para ganado. En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a nadie. A ello se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica. La lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En febrero de 2013, por iniciativa de Andrés Medrano Quiñonez –quien se inició con El Movimiento por la justicia agraria–, siete ejidos y comunidades decidieron irse al amparo. Del municipio de Pueblo Nuevo, entre otros, fueron Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y Anexos; del municipio de Durango se sumaron La Victoria y José María Morelos, sólo que estos dos últimos fueron “apaciguados” por el actual senador suplente Óscar García Barrón, quien entonces era líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y presidente de asuntos agrarios de la Cámara de Diputados federal, en la legislatura pasada, narra el abogado defensor Enrique Pérez Virgen. “La primera demanda la presentamos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de Durango, por el pago justo y la reparación de daños. Tenemos avalúos de la tierra y de bienes diferentes a la tierra que entregamos en las oficinas centrales de la SCT, así como en los estados. Estamos hablando de alrededor de 633 mil pesos por hectárea para Pueblo Nuevo, mientras que para San Antonio y Anexos, que está más conurbado, se cotiza arriba del millón de pesos”, señala Andrés Medrano, mientras entrega a Proceso copia de los avalúos de cada uno de los ejidos.