martes, 28 de enero de 2014

NOTA

Debe Jobamex a un
exempleado $130 mil

Alejandro Ortiz.--Tras haber sido despedido de manera arbitraria, desde el mes de marzo del 2013, y sin que hasta la fecha haya una respuesta satisfactoria por parte de la empresa de seguridad privada JOBAMEX, el día de ayer Oscar Ramírez Solís, denunció este hecho ante diversos medios de comunicación.

Explicó que en su servicio lo daba en las instalaciones del CONAFE, y que dé un momento a otro, su supervisor Esaú Tapia, le indicó que estaba despedido, y que pasará a las instalaciones de la empresa para arreglar la documentación de ley.
Debido al descontentó por parte de afectado, esté optó por no firmar en ese momento su finiquito por casi ocho años de servicio en esta empresa.
Posteriormente, asistió a la junta de Conciliación y Arbitraje donde inició una demanda laboral, tras las diligencias de parte de este organismo, indicaron que el finiquito de Ramírez Solís, ascendía a más de 130 mil pesos.
Ante la insistencia de Conciliación y Arbitraje de solicitar la presencia del representante legal de la empresa JOBAMEX, y ante el nulo acatamiento de esta orden por parte de la empresa, se continuó con el proceso legal.
JOBAMEX, presentó en su argumento, un documento supuestamente firmado por el afectado, quien aceptaba una liquidación de poco más de tres mil pesos, sin embargo se comprobó que ni la firma ni la huella que aparecen en dicho documento, so de la persona afectada.
Por su parte, la empresa JOBAMEX, aseguró que solo tenían un mínimo conocimiento sobre este tema, y desconocieron sobre el proceso legal que existe en contra de esta-
La encargada de Recursos Humanos, quien solamente se identificó como Susana, señaló que no existen argumentos válidos para que allá un proceso legal, ya que afirma que su liquidación, fue entregada en tiempo y forma.
Cabe destacar, que el proceso de ingreso a este tipo de empresas, es muy estándar, y el trabajador, queda prácticamente a merced del jefe, por lo que urge una regulación a empresas de seguridad privada que funcionan en la capital.
Finalmente la empresa, se deslindó de hacer más declaraciones sobre el caso y reafirmaron que no hay ilegalidad en ese proceso, tal y como se ha demandado. (ANG).

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