lunes, 31 de marzo de 2014

PRIMERA PLANA

Guerrero, 18 muertes infantiles
por cada 100 mil nacidos vivos 

En seis estados, incluido Guerrero, la tasa de mortalidad infantil es mayor que el promedio nacional, mientras que el índice de mortalidad materna es de 42.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, cifra muy lejana a la meta establecida de 22.2.

Lo anterior lo señaló Roy Caple Hernández, consejero de la asociación civil Save the Children México, tras señalar que en México hay rezago en la reducción de la mortalidad infantil y materna como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Los ODM comprenden ocho metas de desarrollo internacional que los 192 países miembros de las Naciones Unidas y por lo menos 23 organizaciones internacionales han acordado cumplir para fines del año 2015. 
Estos objetivos representan un consenso global sobre el mejor enfoque para la reducción de la pobreza. México sólo ha cumplido seis de los ocho objetivos suscritos quedando pendientes la reducción de la mortalidad infantil y materna.
 “La meta no ha sido alcanzada en el país, y en diversas entidades la tasa de mortalidad infantil es más grave que el promedio nacional”, dijo el consejero de Save the Children México quien citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Dijo que estados como Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Campeche y Veracruz superan el promedio nacional con 18 muertes infantiles por cada 100 mil nacidos vivos cuando el promedio es de 16.1. 
Respecto a la mortalidad materna, detalló que es de 42.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, cifra muy lejana a la meta establecida de 22.2, detalló. Roy Caple Hernández subrayó que existen estados con tasas de mortalidad materna preocupantes como Guerrero con 75.9, Oaxaca con 65.3 y Chiapas con 60.6.
El Presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado en días recientes a instrumentar la política de “cero rechazo” donde haya emergencias obstetricias, tras presentarse varios casos de negligencia médica en hospitales públicos de Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Chihuahua, en donde, en algunos casos las mujeres dieron a luz en el patio de los centros de salud y en otros, perdieron el producto.
Oaxaca es la entidad con mayor incidencia de violencia obstétrica. A lo largo del año se han presentado de manera constante casos de negligencia médica en la atención de madres que llegan a los centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en trabajo de parto.
De los casos que pusieron en alerta a Oaxaca, cinco fueron por mujeres que dieron a luz afuera de hospitales públicos, otro fue por una madre que perdió a su bebé aún estando éste en su vientre tras la falta de atención por parte del personal. Y una más falleció porque el personal médico olvidó una tijeras dentro de su matriz. 
Los eventos registrados de 2013 a la fecha, por lo menos en Oaxaca, han sido de violencia obstétrica porque se ha puesto en peligro la salud de la madres y sus hijos que no fueron atendidos con las medidas clínicas adecuadas, afirmó el pasado 7 marzo Karina Falcón, directora del Colectivo de Investigación y Educación para una maternidad Empoderada y Respetada (CIEMER). Para lograr reducir la mortalidad infantil y materna, Save the Children México propuso garantizar que los recién nacidos y sus madres tengan acceso a personal de salud calificado antes, durante y después del parto. 
Además, mejorar el acceso a servicios de planificación familiar y salud reproductiva adecuadas y amigables para jóvenes, así como incluir en el objetivo 2 de la Cruzada Nacional contra el Hambre el fomento a la lactancia materna exclusiva. Roy Caple Hernández aseguró que no se ha hecho frente de forma homogénea a la desigualdad, sea de edad, género, casta, discapacidad, lugar geográfico o ingresos, a pesar de que uno de los principales objetivos de la ODM es mejorar la vida de las personas más vulnerables.
 “Es inequitativo el cumplimiento de México porque el 9.2 por ciento de la población rural todavía vive con menos 1.25 dólares diarios. La meta del ODM es 4.65 por ciento”, afirmó. Aclaró que el objetivo de reducir la pobreza y el hambre “está cumplido en general”; sin embargo, el grupo de edad más afectado es la población de 0 a 17 años. 
“El 53.8 por ciento de los infantes vive en pobreza; de ellos, el 12.1 por ciento en pobreza extrema”, dijo. Explicó que la intención de reducir el hambre “está parcialmente cumplida”, porque el 19.7 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria, lo que se eleva a 30.9 por ciento en zonas rurales.
La meta ODM es de 15.7 por ciento”. “El 3.4 por ciento de la población está por debajo del nivel mínimo de consumo de proteínas; de continuar la tendencia a la alza, el cumplimiento estaría en riesgo porque la meta ODM es de 3.6 por ciento”, advirtió. 
Los ODM son ocho: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
Destacó que Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca tienen porcentajes de pobreza superiores a 60 por ciento y de pobreza extrema superiores a 17, llegando incluso a 32 por ciento. Asimismo, lamentó que el 33 por ciento de la población infantil indígena viva en condiciones de pobreza extrema.
“Es decir, si vemos los números globales, en México vamos avanzando, pero si los disgregamos y nos enfocamos en estas comunidades, observamos que sólo el 70 por ciento de los niños indígenas de 3 a 17 años asisten a la escuela cuando la meta ODM es de 100 por ciento”, enfatizó.
Para poder erradicar la pobreza y hambre, el consejero de Save the Children recomendó que en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se establezcan criterios claros para la selección de las poblaciones beneficiarias, así como mejores prácticas de gobernanza ciudadana.
También propuso la elaboración de políticas de crecimiento económico inclusivo, acompañadas de una estrategia, que hagan frente a las causas estructurales de la exclusión, garanticen condiciones de trabajo adecuadas para el desarrollo integral de los jóvenes y que apoyen educación y capacitación pertinente y de calidad.

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