NOTA

Aumentan los ataques a

Defensores y periodistas

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifiesta su preocupación por el incremento y sistematicidad de agresiones, actos de hostigamientos, detenciones arbitrarias y emisión de órdenes de aprehensión que se han suscitado recientemente, contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en México.

De enero a la fecha, la RNDDHM ha documentado 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. De acuerdo a los registros, diez (10) fueron actos de intimidación; diez (10) amenazas –ocho (8) de ellas fueron amenazas de muerte-; seis (6) ataques al patrimonio personal; cuatro (4) actos de uso excesivo de la fuerza; tres (3) actos de criminalización y judicialización; tres (3) actos de campaña de difamación y desprestigio; dos (2) detenciones arbitrarias; dos (2) agresiones físicas y verbales y un (1) ataque al patrimonio de la organización.

La ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones de los derechos humanos, así como a la inconformidad que prevalece en diversos sectores de la sociedad, luego de las reformas constitucionales realizadas en este último año, y cuyos impactos afectan principalmente a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, desde la RNDDHM manifestamos nuestra particular preocupación por los recientes actos de criminalización y judicialización contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. En el lo que va del año hemos documentado la detención arbitraria de dos (2) defensoras y una (1) sentencia en el Distrito Federal, emitida contra la activista Gabriela Hernández, conocida también como Luna Flores, quien el pasado 1 de abril de 2014 fue sentenciada a un año y tres meses de prisión luego de que fuera detenida arbitrariamente el pasado 29 de octubre de 2013, acusada del delito de ultrajes a la autoridad. Según la acusación, la cual está basada en los dichos de los policías, la activista golpeó y llamó “puercos asalariados”[4] a los policías que se encontraban en el búnker policiaco donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013, lo cual no fue comprobado, pero sirvió para encuadrar  el  tipo penal de ultrajes a la autoridad, a pesar de que Gabriela Hernández se encontraba al interior del inmueble esperando noticias sobre la situación de una joven conocida que había sido detenida.

De igual forma, la RNDDHM recientemente documentó también la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, Comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, Atlixco en el estado de Puebla y quien junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTAPTM)[1] luchan a favor de un medio ambiente sano y del derecho a la consulta, los cuales se han visto vulnerados frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto energético que propone instalar un gasoducto en la zona de alta peligrosidad del volcán Popocatépetl para abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, Municipio de Yecapixtla, en Morelos.

Enedina fue arrestada por policias estatales el pasado 6 de abril de 2014, bajo el proceso 121/2014, en el que se le acusa de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública[2]. Un día después, el lunes 7 de abril fue detenido también Juan Carlos Flores Solís, uno de los líderes del FPDTAPTM, quien había acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a poner una queja por la detención arbitraria de Enedina Rosas.

Hemos ducumentado también la criminalización y judicialización de la que ha sido objeto la activista Rosina González, integrante de la organización Internacional Greepeace, y quien ha sido acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), luego de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y manifestar su inconformidad con la promulgación de la Reforma Energética. Rosina es acusada por PEMEX de haber roto una lámpara de más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de 4 a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.

Quienes conformamos la RNDDHM vemos con preocupación el incremento de la criminalización contra defensoras/es de derechos humanos, particularmente en el Distrito Federal, cuyo número ha incrementado desde el inicio del nuevo Gobierno Federal y del nuevo Gobierno Capitalino, ejemplo de ello es el caso referido sobre la activista Gabriela Hernández.

En 2013 la RNDDHM ubicó al Distrito Federal en el lugar número 3 de agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. La mayoría de las agresiones fueron perpetradas en el marco de movilizaciones y manifestaciones públicas por lo que como Red Nacional de Defensoras prevemos un panorama crítico que podría agudizarse, si tomamos en cuenta la posible aprobación de una Ley que regule las manifestaciones públicas en el Distrito Federal.

Por otra parte, hoy 21 de abril de 2014 Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, cumple 8 meses en una prisión de máxima seguridad, luego de ser detenida arbitrariamente el 21 de agosto de 2013. Pese a que recientemente se le dictó el auto de libertad por el delito de delincuencia organizada, la defensora permanece en la cárcel, dado que continúan otros procesos abiertos en su contra.

Contexto de inseguridad para defensoras y mujeres periodistas

Aunado al incremento de la criminalización y judicialización de las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, persiste el contexto de riesgo e inseguridad para el desempeño de su labor.

El pasado 10 de abril documentamos las agresiones de las que fue objeto la defensora María del Carmen Ruíz, integrante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco (APPJ) y quien nuevamente fue víctima de persecución por parte de dos mujeres de quien logró escapar, y quienes al perderla de vista fueron recogidas por un hombre desconocido que se encontraba al interior de un taxi. Cabe recordar que el 27 de abril de 2013, María del Carmen Ruíz recibió una carta anónima de amenazas en su domicilio, las amenazas iban dirigidas de igual forma a la defensora Sara Bartolo López, integrante también de la APPJ.

En anteriores ocasiones la RNDDHM ha denunciado el riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran las defensoras comunitarias que han iniciado una larga lucha por la defensa de su territorio ante los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En este sentido, la repetición de las agresiones contra la defensora María del Carmen Ruíz evidencian el nulo compromiso por parte de las autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección eficaces para quienes defendemos los derechos humanos[3].

La falta de garantías de seguridad y garantía del ejercicio de los derechos humanos pone cada vez más en riesgo la vida de las defensoras y activistas, como sucede actualmente con Rosa Hernández, estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quien el pasado 9 de abril de 2014 fue atropellada cuando se manifestaba junto con estudiantes normalistas en el estado de Michoacán. Actualmente Rosa se reporta con fractura craneoencefálica y en estado grave, mientras que las autoridades no le han garantizado la atención médica adecuada.

De igual manera, las mujeres periodistas y defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión, tanto en contextos urbanos como en comunitarios[4], también viven en condiciones de riesgo e inseguridad. En los primeros meses del año hemos registrado actos de intimidación, calumnia, amenazas, criminalización y judicialización contra mujeres periodistas.

Basta mencionar la amenaza contra Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF)[5] ocurrida el pasado 12 de marzo de 2014. La periodista, también colaboradora de la Revista Zócalo, recibió tres llamadas mediante las cuales le hicieron saber que alguien había pagado para que le hicieran daño.

Asimismo la organización Artículo XIX[6] denunció los actos de intimidación y la campaña de desinformación y desprestigio contra la politóloga y columnista Denisse Dresser luego de haber escrito en su columna del periódico Reforma sobre el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. A través de una carta, Jesús Anaya, Coordinador de Comunicación Social de dicho Grupo Parlamentario escribió a la columnista frases intimidatorias como: “Por cierto, en las democracias avanzadas que usted dice admirar, la calumnia y la difamación son castigadas y los supuestos periodistas y analistas sin escrúpulos que lo hacen, dejan de tener la oportunidad de participar en los medios de comunicación de prestigio como le sucedió al señor Craig Pyes”, en referencia al supuesto despido de periodista Pyes del periódico The New York Times por haber escrito anteriormente sobre Beltrones y en cuya información Denise Dresser se basó para escribir su columna “Cloaca abierta”.

Cabe mencionar que según el Diagnóstico Mesoamericano 2012 “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica” en los casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, la impunidad alcanza niveles superiores al 90%. Ejemplo de ello son los asesinatos  de las defensoras Marisela Escobedo[7] asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua; el asesinato de la defensora Josefina Reyes[8] el 3 d enero de 2010; el asesinato de la defensora Manuela Martha Solís Contreras[9] ocurrido el 22 de octubre de 2012; los tres crímenes continúan en la impunidad y son sólo un ejemplo de lo que sucede en el país en los casos agresiones y asesinatos contra defensoras.

Ante este contexto, el diagnóstico sobre las agresiones, criminalización, judicialización y riesgo que enfrentamos las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en México, es alarmante, y la formulación de delitos falsos contra quienes denunciamos violaciones a los derechos humanos contraviene con la obligación de las autoridades de garantizar el ejercicio pleno de los mismos.

De esta forma, las 135 defensoras y mujeres periodistas que conformamos la RNDDHM pertenecientes a 83 diversas organizaciones no gubernamentales y que nos ubicamos en 19 estados de la República y en el Distrito Federal, exigimos a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defendemos los derechos humanos y el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas.

Al mismo tiempo les instamos a encontrar canales de diálogo que les permitan conocer las demandas de la sociedad civil, pues finalmente las inconformidades y manifestaciones son el reflejo del descontento e incompatibilidad entre el ejercicio del poder y las verdaderas necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de México.