ARTICULO

TSJ: probanzas insuficientes

Edilberto Nava García

Al  saber que el Estado,  por ley se obliga a impartir justicia pronta y expedita bajo los principio de imparcialidad, honradez y eficiencia, la gente, en teoría,  hasta aplaude en su interior, más cuando por aras del destino pisa los tribunales se topa con  una cadena inrompible de complicidades que van desde los jueces de paz hasta los magistrados que  actúan en tribunal de alzada. Y no importa el modelo gubernativo, monárquicos, dictatoriales o democráticos,  si tienen puntos de coincidencia. Las diferencias de los modos de gobierno son de forma, no de fondo, por más que los letrados consideren que la forma es fondo.

En Guerrero,  de hace dos décadas a nuestros días, se sostiene  que los jueces perciben altos sueldos nominalmente, más compensaciones y bonos para evitar que  se corrompan, que mantengan  imparcialidad en su actuación, que no se inclinen hacia una de las partes;  en pocas palabras, que no vendan la justicia. Sin embargo los gobernados están muy lejos de recibir y percibir la justicia bajo los principios de lealtad, honradez, legalidad y profesionalismo de quienes están obligados a proporcionársela: los servidores públicos del poder judicial del estado de Guerrero.

Conozco varios expedientes  de ciudadanos que se quejan de la pésima impartición de justicia; del socorrido legaloidismo en que los funcionarios recurren para hacer nugatoria la justicia; del tráfico de influencias, del soborno, de la venganza o bien de conductas de menosprecio hacia los marginados y desvalidos, porque carecen de todo lo material y no tienen para colmar las aspiraciones pecunarias de los responsables de  impartir  justicia.

Hay casos, como el desalojo perpetrado en Chilapa en junio de 2011, con excesiva presencia de la fuerza pública, en el que los agraviados elevaron queja hacia el tribunal, de la conducta apartada de la ley del juez primero de primera instancia del ramo civil de Zihuatanejo, Saúl  Torres Marino. La judicatura en abierta protección del empleado denunciado y pese a tener datos precisos de su incómodo funcionario, señala que los funcionarios judiciales “gozan de la presunción de conducirse con apego a la ley y a los principios de lealtad, imparcialidad, honradez, eficiencia, profesionalismo y excelencia. Sin voluntad para corregir entuertos legaloides ni conductas proclives al dinero. La judicatura sugiere el bonche de pruebas y, es probable que ni así, pues buscaría otro recurso para no proceder contra uno de los suyos.

Pues no es así, señores de la judicatura, su protección en demasía hacia funcionarios inmediatos inferiores es tal, que pese a que el denunciado acepta tácitamente haber actuado por encima de la ley, pisoteándola, delega culpabilidad en su colega juez del distrito de Álvarez, pues textualmente aduce: . . “Que en última instancia correspondía al juez exhortado (la de Chilapa) resolver si el exhorto no se encontraba ajustado a derecho, negando la práctica de la diligencia. . . “ para   desalojar  a los posesionarios quienes han ocupado el inmueble por más de 37 años en forma pacífica, pública y continua en carácter de propietarios.

Los señores de la judicatura, a la hora de valorar las pruebas, no las niegan, pero aducen en clara protección al de casa,  una tesis jurisprudencial en materia penal, a saber “PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL” foja 19 de la resolución de 18 de abril de 2012.  Resumo, el juez de Zihuatanejo no niega que conoció en tiempo y forma la orden de la juez jurisdiccional al demandado “para que mantenga en el estado en que se encuentran, apercibiéndolo que de no hacerlo se les aplicará las medidas de apremio . . .” dictado con anterioridad.

Lo que funcionarios judiciales esconden herméticamente y debidamente confabulados son los sobornos recepcionados; es decir, se trata de una acción acordada en lo obscuro, en contubernio. Y es evidente que ambos jueces, de Zihuatanejo y Chilapa  están en concordancia, comulgando con su dios: el dinero.  No se sabe si Leonor Olivia Ruvalcaba  Vargas aceptó y accedió echar por tierra la medida provisional que ella misma había decretado o si lo hizo al llegarle al precio, porque reza el sabio refrán: “El dinero ablanda más que el sebo”.

En profesor Francisco Flores y su familia han habitado el inmueble en cuestión desde cuando la señora Porfiria Carranza lo adquirió; y siendo Francisco Flores, sobrino e hijo de crianza de dicha señora, se celebró la compraventa del referido inmueble el 16 de agosto de 1972; documento que fue firmado ante el juez menor municipal, Vicente Andraca Malda y pagados los derechos fiscales en agosto de 1973, lo que se decía, al haber sido dado de alta en el fisco estatal, en ese entonces.

Sin embargo, es un hecho irrefutable que las autoridades con su actuación hacen y deshacen patrimonios familiares, sean estos de buena o mala fe. Sabidos los ciudadanos del socorrido proceder judicial suponen lógicamente que todos de una manera u otra,  conforman, integran una cadena de corrupción y con ella anulan  toda acción que pretenda ser justa y apegada a derecho. El analista considera que  tal conducta de los actores del poder judicial provoca irremediablemente que la gente acorte plazos y opte por una salida fácil y eficaz:  hacerse   justicia por propia mano.

Ello no implica que el poder judicial está rebasado, sino que su  estado canceroso o de corrupción galopante,   impide basar sus resoluciones,  en los principios de honradez, imparcialidad y eficiencia. A ello se debe que los guerrerenses estemos en ayuno; tenemos sed de justicia. Sin voluntad hacia el bien, todo indica que continuará igual y aun peor para desgracia de los surianos.