COLUMNA

Resquicio Político

Hipólito Marbán

AGUIRRE RIVERO: DECLARACIONES AL VAPOR

 Las declaraciones vertidas por el gobernador perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, en torno al zafarrancho ocurrido entre miembros de la policía ciudadana UPOEG y la alcaldesa panista  de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) Elizabeth Gutiérrez Paz, porque ésta última no quiso pararse en un retén de la  Sistema de Policía y Justicia Ciudadana, son un tanto falto de tacto jurídico, al señalar que los responsables

de disparar en contra de la primer edil de Tierra Colorada serán castigados, sin que antes se hubiesen agotados los métodos de investigación que por derecho constitucional tiene esa obligación legal el Ministerio Público, sin dichos resultados, y sobre todo sin que exista un pedimento penal al juez en turno penal, señala con propiedad, como si ya supiese quien son los culpables de dicho enfrentamiento, las pruebas periciales son hasta ahora un tanto lentas y no solo basta las declaraciones de los involucrados, ya que estas declaraciones ya no son “reina de las pruebas” pues la confección de facto, no es prueba plena para determinar la culpabilidad del supuesto activo y la inocencia del pasivo, el gobierno de Aguirre Rivero, es el principal promotor de las policías ciudadanas, al grado de dar mensualmente sumas millonarias a la CRAC, del cual a causa del dinero, se están dividiendo, nadie puede negar, que aun con las fallas de prevención del delito, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, han logrado disminuir considerablemente las actividades del crimen organizado, sin la preparación básica en el manejo de armas, sin sueldo, han dado más resultados, que la fuerza institucional del Estado, para nadie es un secreto que Tierra Colorada se había convertido en tierra de nadie desde el valle de El Ocotito (Municipio de Chilpancingo) hasta Juan R. Escudero, sin que exista obra pública que esta administración panista pueda presumir, hoy el conflicto está agarrando tintes políticos ante la proximidad de las elecciones constitucionales, aprovechadas por el PRD, excepto que Bruno Placido Valerio que solo pide a las autoridades “legales” se concreten a investigar seriamente el asunto que los involucra con la alcaldesa panista, con las declaraciones del señor Atanasio Rico Loaeza, padre del chofer desaparecido, al manifestar que Gutiérrez Paz, sabia más de la cuenta por ello mandarlo primero de vacaciones y después a desaparecerlo, y con lo emitido por el exalcalde perredista Porfirio Leyva Muñoz, de señalarla junto con su esposo un tal Adán Sandoval, de ser secuestradores y comprar conciencias, abre la puerta legal, para que en facultades que confiere el Código Procesal Penal de llamar a cuentas a todas aquellas personas que sepan de un hecho ilícito, declarar para llegar a la “verdad histórica”, de no hacerlo así, la procuraduría tendría un raya más de ineptitud jurídica e investigativa, y seguiría hundiéndose en la constante complicidad de impunidad que prevalece en Guerrero, cualidades que han provocado que la clase más vulnerables, siga perdiendo credibilidad en las instituciones legalmente y constitucionalmente constituidas, existen hechos, manifestaciones no declaradas ante el órgano investigador que pueden ratificarse, en cuanto a la acusación mutua entre la UPOEG y Gutiérrez Paz, solo falta que  Iñaki Blanco Cabrera, tenga un poco de iniciativa y ponga a trabajar la lógica jurídica, sin necesidad de descubrir el hilo negro. Veremos.