viernes, 18 de julio de 2014

NOTA

Avalan 7 cabildos
opere la UPOEG:PV 

Jonathan Cuevas.--La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), logró que los cabildos de 7 municipios reconocieran su sistema de seguridad y justicia ciudadana que ahora operará subordinado a los gobiernos municipales; sin embargo, Chilpancingo y Acapulco se han negado a aceptarlos para dar seguridad en los pueblos. 

Este jueves el dirigente estatal de dicha organización, Bruno Plácido Valerio se presentó a Palacio de Gobierno en Chilpancingo, donde pretendía entregar a la Secretaría General de Gobierno las actas de cabildo donde 7 municipios de la Costa Chica y zona centro reconocen a su policía ciudadana, con lo que podrán seguir operando.
Se trata de los municipios de Tierra Colorada, Tecoanapa, San Marcos, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec y Marquelia. Pero informó que en Chilpancingo y Acapulco donde también operan sus policías ciudadanos (en algunas comunidades), “están en proceso”, aunque luego reconoció que no se ha entablado el diálogo con los respectivos alcaldes para hablar del tema. 
Cabe mencionar que Plácido Valerio y una comisión de los pueblos y la UPOEG, serían recibidos por el Subsecretario para Asuntos Políticos Misael Medrano Baza, sin embargo de último momento les canceló la cita, por lo que los documentos no fueron entregados.
Bruno Plácido informó: “ya entregando las actas donde nos reconocen, sigue el diálogo y la coordinación con los municipios para dar seguridad coordinados con la autoridad municipal y el gobierno del Estado”. 
Cabe mencionar que la UPOEG eligió esta vía para que su sistema de seguridad sea reconocido debido a que no quiso aglutinarse a la Policía Rural del Gobierno del Estado, sin embargo, puede quedar de lado la justicia de los pueblos, pues solo operarán para dar seguridad. Incluso, explicó que al momento está suspendido su sistema de justicia por cuenta propia. 
En otro tema, Bruno Plácido lamentó que el gobierno estatal haya otorgado medidas cautelares a las hermanas de “El Melo”, “El Nico” y “El Chaparro”, presuntos capos del narcotráfico en Chilpancingo y el Valle del Ocotito.
Adelantó que se reunirá en los próximos días con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para analizar los mecanismos o el protocolo que se debe seguir para otorgar a los ciudadanos medidas cautelares. 
“Si no se revisa eso, está difícil que mientras nosotros gozamos de una medida cautelar porque está en riesgo nuestra vida, pues también se le da una medida cautelar a alguien que se le vincula con la delincuencia”, recriminó. 
“Para que se le dé una medida cautela, necesita la persona ser investigada para garantizar que no tiene vínculos con la delincuencia. O como se va a proteger a capos, que son vinculados con la delincuencia y que se les pague seguridad con el dinero del Estado”, concretó.
Reveló que fue la Procuraduría del Estado la que decidió por cuenta propia otorgar medidas cautelares a estas personas, cuando es la persona afectada o que está en riesgo su vida, quien debería pedirlo. (API).

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