PRIMERA PLANA

Contra Ley Mordaza de 

Sinaloa protestaron aquí

Teodomiro Ortega de la Cruz.--Luego de que  el pleno del Congreso de Sinaloa aprobara en sesión extraordinaria el miércoles, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que prohíben a los medios de comunicación el acceso a zonas donde se hayan cometido delitos, así como tomar videos, audio o fotos a involucrados.

En respuesta a esa “Ley Mordaza”, después del mediodía de hoy viernes un grupo de periodistas y fotoreporteros, se manifestaron afuera de las instalaciones del Congreso de Guerrero, demandando a los legisladores locales para que exhorten a sus homólogos sinaloenses a derogar esa disposición.

Los cambios, propuestos por el gobernador Mario López Valdez del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalan que los periodistas sólo podrán recibir boletines emitidos por la Unidad de Acceso a la Información Pública y autorizados por el titular de la PGJE, siempre que se cumplan los requisitos marcados por las leyes de transparencia, dice el artículo 51 bis.

Agrega que en ningún caso se autorizará a los reporteros manejar u obtener por cuenta propia información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.

Otro apartado del artículo citado señala que ningún funcionario de la PGJE podrá dar a los medios información sobre hechos delictivos sin autorización del procurador. Sólo la víctima u ofendido, por conducto de su asesor jurídico, y el imputado, por medio de su defensor, podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de ésta, se acotó.

La iniciativa fue enviada hace dos semanas por el gobernador. El martes los legisladores le dieron lectura y el miércoles la aprobaron por unanimidad, sin un solo cuestionamiento. Las modificaciones, se dijo, buscan adecuar la ley local a las nuevas disposiciones penales federales.

El artículo aprobado dice textualmente: “Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.

“En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.

“Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del procurador general de Justicia o la unidad de acceso.

Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.

En conferencia de prensa ayer en Culiacán, Norma Sánchez y Gabriel Mercado, dirigentes de las organizaciones ciudadanas Iniciativa Sinaloa y Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, respectivamente, condenaron los cambios a la Ley Orgánica de la PGJE y advirtieron que son un peligroso retroceso cuyo objetivo es limitar la cobertura periodística y el acceso a la información. También, advirtieron, favorece la impunidad y la opacidad que prevalecen en la procuración de justicia. Sólo la acción ciudadana puede meter reversa a estas decisiones, dijo Sánchez.

Mercado manifestó que las reformas ponen en riesgo a los periodistas, quienes podrán ser detenidos si toman fotos o videos de un hecho delictivo, e impide que los policías sean puestos en evidencia si alteran la escena de un crimen o cometen otras irregularidades.

En Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, hoy viernes después del mediodía, un grupo de comunicadores se organizaron  y también se sumaron al rechazo, porque atenta contra la libertad de prensa y de información, comentaron los manifestantes surianos.

Demandaron a los diputados de la LX legislatura a que exhorten a sus homólogos de Sinaloa, a derogar lo aprobado, porque atenta no solamente a los periodistas, sino a la sociedad en general el derecho de informar.

Los inconformes afirmaron que los periodistas únicamente cumplen con su función de informar a través de sus diversos medios de comunicación, por lo que esperan tener una respuesta para impedir que se aplique, porque atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión.