Que el auditor general de estado Alfonso Damián Peralta y el contralor del estado Antonio Arredondo Aburto les amarren las manos a los virtuales ex consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana encabezados por José Guadalupe Salgado Román, ya que hay la versión que se autoindemnizaron con millones de pesos por no hacer nada.
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