ARTICULO

El caso Iguala 

y su impacto

Noé Ibáñez Martínez

Una llamada telefónica de mi madre me desconcertó. Me hizo una pregunta que no le pude responder y me dejó pensando. En los últimos días, dice que ha seguido las noticias sobre el caso de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala de la Independencia en la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre. Como madre, sin duda al enterarse, se horrorizó de cómo asesinaron y desaparecieron a 43 normalistas, pero no sabía por qué; y me preguntó:

¿Por qué el gobierno quiere que estudien los jóvenes, pero luego los manda a matar?

No supe darle una respuesta concreta. Traté de explicarle que de acuerdo a lo que se sabe en los medios de comunicación, es que un grupo armado en complicidad con policías municipales, les dispararon y se llevaron a varios sin que nada se sepa de ellos hasta el momento.

La magnitud de los hechos en Iguala ha acaparado la atención, indignación y repudio de la comunidad internacional; pero también, ha despertado la inquietud y preocupación de padres de familia quienes tienen hijos estudiando en alguna escuela fuera de sus comunidades. Temen que las autoridades―de cualquier nivel―lleven a cabo algún acto de injusticia como la que ocurrió con los jóvenes en Iguala.

Además de este impacto psicológico, a 24 días de los sucesos, aún no aparecen los 43 estudiantes. La reacción de los padres, normalistas, maestros y otros sectores de la sociedad ha ido escalando de magnitud. Su exigencia en primer término es que aparezcan con vida los normalistas, y en segundo lugar, el castigo a los responsables. Pero mientras continúa la búsqueda, el alcance de este suceso ha repercutido en otros ámbitos como la economía y la política.

En la primera, el mismo secretario de Hacienda, Luis Videgaray reconoció que la percepción de México ante los ojos de los inversionistas podría verse afectada. “Por supuesto que hechos tan graves como estos pueden tener un efecto sobre la percepción del país en general, en la comunidad económica, en la comunidad de inversionistas”, dijo una entrevista.

Incluso también hace unos días, el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto ha reconocido que tras los hechos en Iguala de la Independencia y las constantes manifestaciones en Chilpancingo y otras ciudades del estado, y la toma de la Autopista del Sol, ha “espantado” el turismo en el puerto, y urgió a las autoridades encontrar a los normalistas desaparecidos. 

Por su parte, Joaquín Badillo, presidente de la Coparmex en el puerto de Acapulco, confirmó que esos hechos han generado situaciones complicadas para el sector económico, y mencionó que el anuncio de la megamarcha generó incertidumbre entre la población; “notas informativas no agradables provocaron cancelaciones de cuartos de hotel y de vuelos internacionales de avión, en 70 por ciento para este fin de semana”.

En el plano político, sin duda, el caso Iguala ya se politizó; a pesar del llamado de varios personajes a evitar sacar “raja política”. La dirigencia nacional del PAN y cierto sector del mismo PRD, están más preocupados y ocupados en insistir en la dimisión del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero que asumir su propia responsabilidad. ¿Qué autoridad moral tienen para urgir que Aguirre renuncie si fueron ellos quienes designaron un candidato que, sabían, tenían nexos con el crimen organizado?

Sin duda, sobre estos hechos hay preguntas en el aire todavía que la autoridad federal que asumió el control de las investigaciones, tiene que responder y pronto. Mientras que los padres de los jóvenes continúan con la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos, y mantienen la esperanza de localizarlos con vida. Eso si la versión del padre Alejandro Solalinde no lo confirme la PGR.

Lo que sí podemos confirmar es que los hechos en Iguala de la Independencia y Tlatlaya ponen en jaque las instituciones del país y es una prueba dura para el Estado mexicano. Es claramente, un escenario de desaparición forzada donde participaron agentes municipales. Nada volverá ser lo mismo, seguramente habrá cambios importantes en la política pública.

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@ibanez_marti