jueves, 27 de noviembre de 2014

PRIMERA PLANA

Combatir corrupción e
infilitración criminal:RP

MEXICO, D.F.--La infiltración del crimen organizado en la administración pública se convierte en la peor amenaza para nuestra democracia, los recurrentes escándalos políticos y nexos de políticos en actividades del crimen organizado minan las capacidades del Estado en amplias regiones del país para mantener la seguridad e integridad de los ciudadanos.

Por lo anterior, el senador POR EL Partido de la Revolución Democrática (PRD) Armando Ríos Piter, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General Combate a la Corrupción Política que tiene por objeto establecer los mecanismos del Estado mexicano para blindar el servicio público de la infiltración del crimen organizado.
De acuerdo al Senador, la clase política en su conjunto padece una crisis de credibilidad resultado de un sistema de incentivos que permiten a funcionarios públicos utilizar la administración pública para su beneficio, y a últimas fechas, a esta corrupción política, se suman evidencias de financiamiento del crimen organizado a campañas electorales, a cambio de protección.
Si la corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y la corrupción se estima alrededor del 9% del Producto Interno Bruto, el costo del crimen organizado puede significar el fin de los avances democráticos de nuestro país.
La Ley General en Materia de Combate a la Corrupción Política es complementaria del Proyecto de Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción presentada el 18 de junio de 2014, explicó el senador Ríos Piter. Forma parte de las diferentes iniciativas presentadas a nombre del GPPRD dentro de una agenda ciudadana: El establecimiento de controles y límites a los excesos del poder político en México.
Sobresale del cuerpo principal de la reforma la definición de conflicto de interés para todos los servidores públicos de los tres poderes, organismos autónomos y cualquier persona que ejerza funciones a nombre de la administración pública.
Así como un procedimiento para sancionar en materia de corrupción imputables a todo servidor público que se involucre o se beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente con nexos con el crimen organizado. 
La falta de transparencia, dijo Ríos Pïter y la corrupción en el manejo de recursos públicos, son la principal causa de una negativa percepción ciudadana. En el 2013, la proporción de mexicanos que opinaron que hay mucha corrupción en el Gobierno Federal creció 10 puntos, al pasar de 67 a 77 por ciento.
Adicionalmente, en los últimos años el servicio público en México ha registrado amplios escándalos políticos que van desde exgobernadores en proceso de investigación, tráfico de influencias, nexos entre políticos y empresas privadas, video escándalos, moches en la asignación de presupuesto, y recientemente nexos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Estos asuntos han transcendido a nivel internacional, particularmente a partir de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero. 
En materia electoral, se propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los ciudadanos aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza.
 Los resultados serán remitidos a las Fiscalías Federales y Locales de combate a la Corrupción, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

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