viernes, 5 de diciembre de 2014

NOTA

 Gobierno federal ha
simulado la búsqueda


Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y organismos pro derechos humanos, el gobierno federal ha “simulado” la búsqueda; sólo se limita a recorrer las inmediaciones de Iguala y Cocula, por lo que exigen una nueva revisión en El Carrizalillo, El Naranjo y Santa Teresa, pero sobre todo en las bases militares.

“No confiamos en los militares porque no ayudaron a nuestros muchachos, a pesar de que heridos llegaron a pedirles ayuda. En su lugar los robaron y sobajaron. Ya fueron algunos padres a un cuartel, pero sólo llegaron hasta donde les permitieron”, refiere Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González.
A su vez, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dice: “Pensamos que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa pudieron ser trasladados en grupos a diferentes lugares, pero algunos de esos lugares no han sido inspeccionados por las autoridades”.
En diciembre de 2011, el activista denunció el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Hoy manifiesta su desconfianza respecto al caso de las 43 desapariciones:
“Se supone que el gobierno federal implementó dos tipos de búsquedas: la institucional, realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), y la alterna, basada en los lugares que proponen los padres de familia.
“En el plan que nos presentaron, las autoridades hablaron de cuatro etapas, divididas en 10, 30, 60 y 100 kilómetros de radio, partiendo de Iguala. Hasta ahora desconocemos en qué etapa están; lo único que sabemos es que han acudido a 144 lugares.”
Según la PGR, sus peritos buscan en fosas por si están muertos y la Policía Federal intenta hallarlos con vida. Aunque el gobierno diga lo contrario, los militares tienen poca presencia en el lugar. “Desde el primer día nos dimos cuenta de que el Ejército no tiene la intención de realizar una búsqueda exhaustiva, lo mismo que los marinos”, dice.
En la conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que participaban 10 mil elementos en la pesquisa. Una semana antes, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), precisó el plan de búsqueda: hay 10 mil elementos: 6 mil 800 militares, 900 marinos, mil 700 elementos de la PF, 300 investigadores de la AIC, 110 peritos y 50 agentes del Ministerio Público federal, con el respaldo de cinco helicópteros, cinco aeronaves no tripuladas, ocho lanchas, ambulancias, 16 binomios caninos y 15 binomios equinos.
Con base en el mismo plan, se han realizado 100 recorridos terrestres y 143 sobrevuelos, se han revisado 115 zonas y efectuado 40 reconocimientos de agua, y se han repartido 20 mil volantes; incluso hay una línea telefónica 01800 y se ofrece una recompensa por 64.5 millones de pesos a quien dé información.
Pero eso “es falso, ya que esos 10 mil están dispersos en el estado, no concentrados en un área para la búsqueda. En realidad, sólo ha participado la Policía Federal con mil 708 elementos”, sostiene Olivares Hernández.
Considera que la búsqueda debe ir acompañada de una labor de inteligencia previa que nunca ha existido, además de que el gobierno no quiso entrar en casas abandonadas o lugares “sospechosos”, con el argumento del respeto al estado de derecho.

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