ARTICULO

Bajo Fuego

El diálogo silente

José Antonio Rivera Rosales

En una actitud absolutamente criminal, los diputados del Congreso local -entre ellos, señaladamente Bernardo Ortega Jiménez y Héctor Apreza Patrón- se aprestan a darle la estocada final al estado de Guerrero.

En unos días la cámara local decidirá si el gobernador Rogelio Ortega Martínez se queda al frente del gobierno estatal para entregar el poder público al relevo constitucional que se decidirá en la jornada comicial del próximo 7 de junio, cuando serán elegidas las personas que contienden por la gubernatura, alcaldías y la nueva legislatura estatal.

Bernardo Ortega, presidente de la Comisión de Gobierno y jefe de la facción perredista en el Congreso, ha sido uno de los más insistentes en señalar que no existen condiciones para ratificar a Ortega Martínez y, de manera encubierta, le está allanando el arribo a Sofío Ramírez Hernández.

Con menor contundencia, pero siguiendo la misma línea de acción, el priista Apreza Patrón ha hecho lo propio para cerrar el paso a la ratificación de Ortega Martínez, aunque han surgido trascendidos confiables en el sentido de que no son los únicos legisladores que pretenden sacar beneficio de una coyuntura de tal naturaleza.

Para el caso, lo importante es valorar qué significaría una decisión de tal naturaleza que definiría a la LX Legislatura local como una generación de oportunistas hasta la infamia, que aprovecharon la crisis histórica que agobia a los guerrerenses sólo para beneficiarse.

Un recambio en la gubernatura, en estos momentos previos al proceso comicial, sólo generará mayores índices de ingobernabilidad, sin mencionar que quien quede al frente de la gubernatura, en el caso de que echen a Rogelio Ortega, no resolverá nada.

¿Qué es lo que ha pasado en estos meses en materia de gobernanza en el estado de Guerrero?

En principio pocos saben -y Ortega no lo ha publicitado dada la naturaleza delicada del tema- que el mandatario interino ha tendido puentes de comunicación con las organizaciones radicales e, inclusive, con las formaciones armadas insurgentes, que consideran la desaparición de los 43 como uno de los más profundos e históricos agravios contra el pueblo mexicano.

En la lectura de las formaciones insurgentes, la gravedad de este hecho -para el cual no ha existido hasta el momento justicia plena-, es equiparable a la matanza de Tlatelolco, que dio pauta para el surgimiento de decenas de grupos armados que en la década de los setenta le declararon la guerra al Estado Mexicano, con resultados desastrosos.

Convencer a los principales mandos de las organizaciones guerrilleras de que se abstengan de actuar, no es cualquier cosa.

Sus argumentaciones han ido desactivando los conflictos que se observaban imparables entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las formaciones radicales y el movimiento social paulatinamente fueron entendiendo que un estallido sólo agravaría las cosas para el pueblo mexicano.

Así las cosas, lo que resta por cuidar es el proceso político-electoral en el que, con poca o mucha participación social, deberán generarse condiciones de gobernabilidad y, por extensión, de un proyecto de vida democrática en el estado de Guerrero.

Para el efecto es vital que las autoridades electorales cumplan con las expectativas que se esperan de ellas, en particular una vigilancia minuciosa de la jornada comicial. Se dice muy fácil. No lo es.

Un recambio a estas alturas coartaría este proceso de diálogo silente que se desarrolla entre los sectores sociales agraviados -que a estas alturas lo son todos, en todos lados- y el gobernador Rogelio Ortega.

El paso siguiente es abrir ante la sociedad y sus órganos de expresión este proceso de diálogo callado, sordo a veces, que deberá transformarse en un diálogo fuerte y claro, inclusivo y abierto, con todos los sectores de la comunidad guerrerense, algunos de cuyos líderes ya están en la construcción de un proceso de paz por cuenta propia, que abra los espacios a todos los dirigentes comunitarios.

Pero si los diputados locales creen que podrán colocar en el interinato a Sofío Ramírez, entonces habrá que prepararse para lo peor dado que este sujeto, falsario e ignorante, sólo buscará su provecho personal y, con seguridad, no le interesará el maremágnum de violencia que se podría desatar con suma facilidad.

Los diputados, de quienes han corrido versiones socarronas en el sentido de que pretenden agenciarse algunos millones de pesos para ratificar a Ortega, tendrán que meditar su decisión en aras de la paz, la democracia participativa y el futuro mediato e inmediato de Guerrero, lo que incluye a las policías comunitarias que crecieron en el estado como margaritas en la pradera.

Quienes hoy exigen la salida de Ortega, no tienen idea de que están por abrir las puertas del infierno. ¿Eso es lo que quieren?