martes, 28 de abril de 2015

PRIMERA PLANA

Han asesinado 12 
periodistas en Gro.


MEXICO, D.F.--Reporteros Sin Fronteras (RSF) y cinco organizaciones más documentaron el asesinato de 12 periodistas entre 2012 y 2014 en el estado de Guerrero, dos de ellos ocurridos en el último año. Se trata de Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán columnista del diario Vértice. Además de la desaparición de Marco Antonio López, del periodico Novedades de Acapulco.

Tras realizar una visita a la zona, las agrupaciones defensoras de la libertad de expresión como Freedom House, Centro de Comunicación Social acreditaron 46 agresiones contra periodistas en Guerrero, durante el 2014.
De acuerdo con los testimonios de los propios periodistas, los ataques comprenden delitos como, secuestro, amenazas, hostigamiento, robo a domicilio, golpes durante las coberturas.
Durante una conferencia de prensa, Pilar Talavera de la organización Propuesta Cívica aclaró que la PGJE del estado informó que hasta el momento existen 20 averiguaciones previas, pero de estas no aportó mayores datos por la secrecía de los involucrados.
Por su parte José Jiménez de Periodistas de a Pie reconoció que no existen condiciones para ejercer el periodismo en aquel estado.
    “Se esta cubriendo el estado de Guerrero aparentemente con normalidad, pero lo que podemos entender en que no se está haciendo un periodismo con la calidad que se tendría que hacer. Las condiciones no están por ejemplo en la región de la Montaña, en la Tierra Caliente, en el puerto, entonces hay zonas donde se cubre con un riesgo altísimo y hay zonas como en la montaña donde no entra la policía”, resaltó.
En su turno Balbina Flores resaltó que de las entrevistas realizadas con periodistas en Guerrero y de las reuniones sostenidas con servidores públicos se pudo concluir que realizar las labores periodísticas implican enfrentamiento directo con diversos actores entre autoridades y grupos sociales, políticos y económicos.
En este marco las organizaciones recomendaron capacitar a los agentes de seguridad de nivel municipal y estatal sobre el desempeño de la labor de los comunicadores durante la cobertura de marchas eventos y conflictos.
 Además de adoptar medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, para evitar, que los informadores que cubran situaciones de riesgo sean vistos por las autoridades como potenciales testigos en procedimientos judiciales.
Del mismo modo solicitaron a la PGJE crear un protocolo de investigación específico para los casos de amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones cometidas contra periodistas.

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