PRIMERA PLANA

Ordenó desalojo

Ortega:Galeana

Rosario García Orozco.--En conferencia de prensa, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, señaló al gobernador Rogelio Ortega Martínez de haber dado la orden de desalojo de los trabajadores del poder judicial del estado en sus diferentes sedes.

De ese modo, la titular del poder judicial se deslindó de los enfrentamientos que se dieron en Acapulco, Tixtla, Chilpancingo e Iguala, entre otras ciudades donde desde hace un mes se encuentran tomadas las oficinas del Tribunal Superior de Justicia por trabajadores que exigen el 35 por ciento de incremento salarial y una jubilación digna, entre otras peticiones.

Galeana Marín dijo a medios de comunicación que el poder judicial sólo solicitó la intervención de la policía del estado para reanudar labores, pero no para que se dieran enfrentamientos con los trabajadores.

Agregó que los trabajadores paristas son unos 200 y no mil 500 como asegura el dirigente sindical, Adalberto Valenzo Martínez, y que desde hace un mes se encuentran obstaculizando los trámites de los juzgados; además de que varios empleados que participan en el paro cuentan hasta con 4 órdenes de aprehensión.  

Por su parte, el gobierno del estado de Guerrero rechazó que la policía estatal haya realizado desalojos en las diferentes sedes del Poder Judicial, y que el gobernador Rogelio Ortega Martínez sea quien ordenó esa acción.

A través de un comunicado, se explica que la acción se registró de manera coordinada entre el gobierno del estado y el propio Tribunal Superior de Justicia, quien solicitó la intervención de la Fuerza Estatal para resguardar los inmuebles; “el ingreso de la Policía Estatal se hizo por accesos alternos, acompañados por trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y sin confrontarse con los paristas”.

El documento menciona que “reconocemos que éste es un conflicto laboral entre el Poder Judicial y sus trabajadores de confianza, sin embargo, con el ánimo de contribuir a darle solución, el gobernador Rogelio Ortega Martínez sirvió como intermediario y negociador y se hicieron diversas ofertas a los inconformes, quienes no aceptaron llegar a acuerdos, agotándose la posibilidad del diálogo”.

También se reconoce, dice el comunicado, el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse libremente, pero que las inconformidades deben canalizarse por las vías y mecanismos legales.