PRIMERA PLANA

Derriban un curato de iglesia
patrimonio cultural, denuncian 

XALPATLAHUAC, GRO.—Por órdenes del alcalde perredista, fue derribado un curato de la iglesia el pasado mes de junio, considerado como patrimonio cultural, denunciaron habitantes de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, pertenecientes a esta municipalidad.

Los quejosos responsabilizan directamente a personas cercadas del alcalde por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Brígido Lorenzo de Jesús, de haber ordenado que se derribara el curato de la iglesia, y que en su lugar se construyera una cancha de basquetbol, lo que provocó un conflicto entre dos grupos de ciudadanos de San Nicolás Zoyatlán.

En tanto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia(INAH), a través de Blanca Jiménez Padilla, la delegada en Guerrero, propuso un acuerdo entre las partes en pugna, porque advirtió que se va a interponer una denuncia ante la PGR, contra quienes hayan derribado el curato.

Mientras tanto, este mediodía, en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, el subsecretario para asuntos religiosos, Jorge Alberto González, también pidió a los dos grupos en pugna, que llegar a un acuerdo, y les propuso a quienes derribaron el curato de la iglesia que lo reconstruyan, mientras que la cancha de basquetbol se construya en otro lugar dentro del pueblo.

En la reunión participó Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; representantes de la diócesis en la Montaña Alta; así como el alcalde de Xalpatláhuac, Brígido Lorenzo de Jesús.

Por otra parte, Miguel Agustín Dolores, Felipe Marcos Moreno, Rodrígo Castañeda, y Tomas Dolores, integrantes de la Policía Ciudadana y Popular, del poblado de Temalacatzingo, denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos(Coddehum) en Tlapa, a Antonio Cesmo, Damián Vázquez, y Rogelio Hernández, policías y auxiliar de la Secretaría general del municipio de Olinalá, por violar sus derechos humanos.

En su queja recordaron que el pasado 27 de julio, cuando realizaban un recorrido por sus comunidades, fueron privados de la libertad por dichos servidores públicos, que también golpearon a patadas a Miguel Agustín Dolores. Al otro día, los mismos policías municipales los trasladaron a las instalaciones de la PGR, en Chilpancingo, para que rindieran su declaración por la posesión de armas, pero fueron liberados cerca de la medianoche.