ARTICULO

Juicio puede llevar a 
Gobernador a la cárcel

 Fabián Herrera Ruiz

Ante los hechos inminentes que se han venido sucediendo en Guerrero, en los últimos meses, tras los acontecimientos donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala de la Independencia y el posterior encumbre como gobernador interino de Rogelio Ortega Martínez, de quien se dice ha desviado o no ha podido comprobar 143 mil millones de pesos, así como imposiciones en el Poder Judicial para liberar delincuentes confesos, que se amparan bajo el supuesto de ser defensores sociales, al igual que la cooptación del Legislativo, esté puede ser sometido a un juicio de procedencia y ser también huésped en algún penal federal.

Todo esto derivado de declaraciones emitidas por jurisconsultos guerrerenses, que incluso ya han entregado en Congreso Local la denuncia ´para iniciar juicio de procedencia en contra del gobernador de Guerrero, Rogelio ortega Martínez, por delitos como peculado, ejercicio indebido de la administración pública, enriquecimiento ilícito y “una serie de delitos entre los que, él lo ha confesado a los medios: el desvió de recursos públicos”.

Los integrantes del Consejo de Juristas del Estado de Guerrero, que aglutina a las principales asociaciones y barras de abogados, apuntan que “será hasta la siguiente Legislatura cuando se analicen los delitos en que incurrió el actual gobernador; por los delitos que se le acusa y se persigue aun y cuando Rogelio Ortega ya no sea gobernador”.

El mismo Consejo de Juristas del Estado de Guerrero, ha evaluado el seguimiento que se ha dado a la denuncia de procedencia contra con el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, en el Congreso local, Aunque reconocen que por el tiempo que queda para el cambio en las diputaciones, esta se podrá resolver hasta que entre en funciones la próxima legislatura.

De la misma forma han invitado a la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y organizaciones civiles, a sumarse a este movimiento que ha sido ignorado y rezagado en la agenda legislativa, ya que dijeron, han priorizado otros temas como la creación de cuatro municipios y la Ley de Amnistía, mismos que también quedaran en las mesas de negociaciones, por la premura de tiempo.

Analizando la Ley Federal de los Servidores Púbicos, al mandatario interino se le puede inhabilitar por incurrir en diversas irregularidades y omisiones, al no resolver tampoco problemas graves que enfrenta el estado, como la violencia e inseguridad, el conflicto magisterial, las policías comunitarias y autodefensas, los transportistas y otros con una postura de tolerancia extrema que ha generado ingobernabilidad y vacío de poder en el Estado.

Pero ahí, viene el pero, que por su fuero constitucional el ejecutivo estatal solamente puede ser acusado y procesado por delitos graves, como pudiera ser un homicidio, de acuerdo con la Constitución, pero se le puede iniciar un juicio de procedencia (político) ante el Congreso, para que una vez desaforado se le puedan fincar responsabilidades que se sustentan en excesos y abusos como primera autoridad del estado.

Para posteriormente irse sobre las conductas que pudieran ser delictivas como: ejercicio indebido del propio derecho, enriquecimiento ilícito por sostener en nómina a parientes y compadres que también laboran en la Universidad Autónoma de Guerrero; peculado, porque ha desviado de manera arbitraria recursos presupuestales ya programados de procedencia federal o estatal, para determinadas obras o programas que no se han ejercido como fueron etiquetados.

Por otra el gobernador es el primero en estar obligado a respetar y hacer respetar el estado de derecho, pero en un acto meramente populista allanó la ley al casar a personas del mismo sexo sin haberse reformado antes el Código Civil del Estado.

Existe jurisprudencia que establece que el casamiento que no es vinculatoria de oficio en el Estado, el código Civil Estatal establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por lo tanto esas bodas entre personas del mismo género son ilegales ya que ni siquiera fue agotado el procedimiento jurídico del amparo para invocar el respeto a sus derechos humanos generando el acto reclamado.

Todo queda en manos de la próxima legislatura, quien debe resolver sobre el juicio de procedencia o político como también se le llama, y determinar si Rogelio Ortega Martínez, es merecedor o no, de ser huésped de un Centro de Readaptación Social.(Imagen y Poder).