PRIMERA PLANA

Acusaron a Silvia diputada del

 PRD por asociación delictuosa

Sergio Mota Sánchez.APANGO, GRO.--“Demandé a Silvia Romero Suárez, cuando era, Secretaria de Educación, por extorsión, asociación delictuosa y porque me cobró y amenazó con embargarme si no pagaba la cantidad de 60 mil pesos, para que me pudiera jubilar, al igual que yo  cientos de maestros sufrieron para conseguir dinero porque  tuvieron que pagar para poder jubilarse y nunca se supo, donde quedó ese dinero”.

Lo anterior fue denunciado a La Crónica, Vespertino de Chilpancingo por la profesora Leonor Ramírez Joachinillo, actual jubilada, y acudió  ante la justicia federal, para ampararse en contra de la determinación de consulta de no ejercicio de la acción penal, por no comprobarse los elementos materiales del delito,  notificada en el oficio 3276, sin fecha, emitido por el Lic. Juan Ramón Rodríguez Núñez, Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado.

En el documento, enviado al Juez de Distrito en Turno, el día 24 de agosto del 2015, la profesora, Leonor Ramírez Joachinillo,  expresa que es viuda y fue trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero y que cuando alcanzó su antigüedad de más de 30 años de servicio que fue a finales del 2009, inició con sus trámites de jubilatorios, pero hasta el 16 de enero la dieron de  baja pero dolosamente le  entregaron el oficio de baja hasta el 3 de mayo del 2010.

Precisa que acudió  a la Sub coordinación de Servicios Educativos, Región Norte ubicada en la Ciudad de Iguala de la Independencia para obtener las constancias de último pago y de cheques cancelados y obtener su hoja única de servicios, pero  que el funcionario de dicha dependencia, se negó a darle sus  constancias porque supuestamente,  tenía  un adeudo, pero sin explicarle de que, ya que no pidió  ningún dinero prestado ni tenía ningún rédito pendiente por cubrir y me dijo que regresara después.

Relata  que estuve dando varias vueltas a   las oficinas de  Juana Santana Díaz y Elia Arellano Martínez, quienes ostentan los cargos de subcoordinador de Servicios Educativos Región Norte y encargada del área de liquidaciones, ambos de la Secretaria de Educación, ubicados en Iguala.

Asegura que  el 13 de enero del 2011, me dijeron que sólo me iban a entregar mis constancias hasta que les diera la cantidad de 60 mil pesos, oyendo esto los C.C. Efraín Villalobos Salgado y Guadalupe Hernández Jiménez, quienes siempre me acompañaban en estos trámites  y al preguntar  porque motivo me pedían esa cantidad de dinero, me informaron que era como pago de un supuesto adeudo, con la Secretaria de Educación  y al preguntar qué clase de adeudo, me dijeron que era todo lo que me iban a informar, y que eso siempre lo hacían con todos los trabajadores y que si quería obtener mis constancias que les diera ese dinero y de inmediato yo tendría mis documentos.

Sostiene que les dijo que las iba a acusar, con la Secretaría de Educación y ambas personas, le contestaron,  que eso no les importaba, que el cobro lo hacían porque tenían instrucciones;  por esos actos arbitrarios el 14 de marzo del 2014, presentó una queja ante la Contraloría  General del Estado, misma que se radicó con el número de investigación administrativa CGE-SNJ.INV, Q, 97 /2011.

Prosigue, Ramírez Joachinillo,  que al denunciar  lo anterior, la denunciada, Silvia Romero Suarez, Secretaria de Educación Guerrero, me mandó a llamar, el día 6 de septiembre del 2011 y acudí a su oficina e Chilpancingo y  la funcionaria salió de su privado junto con Juan Santana Díaz y Elia Arellano Martínez, y me dijo que el cobro que me estaba haciendo de los 60 mil pesos, me lo iban a dejar en 59 mil ochocientos, cuarenta y cuatro pesos, para liberar mis documentos y como me negué me dijo que me iba a arrepentir de la queja que presenté en la Contraloría.

Precisa,  Ramírez Joachinillo que el 8 de noviembre del 2013, llegó un actuario a su domicilio particular y le dijeron que iban a notificar una demanda de la Secretaria de Educación Guerrero en mi contra y requirió la cantidad de 59 mil 844 pesos, y unos intereses pactados derivados de 12 pagarés, que supuestamente firmó y le advirtió el funcionario que si me negaba, me iban a embargar mi único patrimonio, que es mi casa  y contesté la demanda con el expediente 40/2013 radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Estado , radicado en Chilpancingo

Y el 29 septiembre del 2014, me vi en la necesidad de presentar, una denuncia por los delitos citados en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, pero dolosamente, turnó mi asunto a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito  a la Dirección General del Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, quién solo recibió mi expediente.

Informa Ramírez Joachinillo, que el 2 de julio del  2015, dictó el AMP,  una determinación de no ejercicio de la acción penal, que me notificó el día 5 en la cual se observan diversas aberraciones, incongruencias y actos ilegales porque desatendió lo contenido en el art. 20 Constitucional, respecto a realizar su labor de investigador, para causarme perjuicios irreparables.

Termina la maestra Jubilada  y viuda, Leonor Ramírez Joachinillo, que por esa razón acude ante la autoridad federal en busca del amparo y protección de la justicia federal.