PRIMERA PLANA

Llevó PGR al basurero

una llamada anónima

Javier Francisco Reyes.—Hasta el momento no hay una investigación concreta para esclarecer los hechos fatídicos en la noche y madrugada  del 26 y 27 de septiembre del 2014, sin embargo una llamada anónima hizo que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), llegara al basurero de Cocula, para comenzar las indigatorias de que habrían quemado a los 43 normalistas de la rural “Raúl Isidro Burgos”.

Según el expediente que subió a la internet la Procuraduría General de la República, se revela que fue una llamada anónima la que llevó a las autoridades a investigar en el basurero del municipio de Cocula, donde según la versión oficial fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia.

Una constancia ministerial incluida en el expediente del caso, publicado el pasado domingo, apunta que la llamada fue recibida a las 23:15 hora local del 26 de octubre de 2014 por una agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la unidad de investigación de secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Se establece que la llamada la hizo una persona “del sexo masculino” y de “aproximadamente 45 años” que no manifestó “por seguridad” ningún “dato sobre su identidad” aseguró que los estudiantes “ya estaban muertos” y que “sus restos los habían tirado en el lugar conocido como el basurero de Cocula”.

Sin abundar más, según el expediente de la PGR, fue “todo lo que manifestó” tras colgar “de manera inmediata el auricular, sin que esta autoridad ministerial pudiera hacer preguntas al respecto”.

Agrega el documento, que después de recibir esta llamada, se llevó a cabo una orden de diligencias para averiguar la veracidad de lo declarado, por lo que un equipo de peritos oficiales y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) acudieron al lugar a recoger evidencias el 27 de octubre.

Hasta el 6 de noviembre allí permanecieron recolectando pruebas, que se presentan fotografiadas en el expediente, entre ellas numerosos casquillos de bala y restos óseos calcinados, que se detallan en un acta.

Igualmente se menciona que acudieron al basurero dos de los detenidos como presuntos autores materiales de la desaparición, Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes.

Como se sabe, en una comparecencia el 7 de noviembre pasado, el entonces fiscal, Jesús Murillo Karam, habría explicado que gracias al testimonio y reconstrucción de los hechos de estos detenidos y otro identificado como Patricio Reyes Landa fue posible encontrar las bolsas con restos humanos en el cercano río San Juan.

Según,  de ellas se extrajo el resto óseo de la única persona que ha sido identificada hasta el momento por un laboratorio de Innsbruck (Austria), el joven Alexander Mora.

Insistió Murillo Karam, quien no hizo referencia a llamada anónima alguna, explicó entonces que gracias a estos testimonios y a las evidencias encontradas se daba por demostrado que los 43 estudiantes habían sido quemados en dicho basurero.

Después de todo ello, ahora  esa versión ha sido cuestionada por organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuyo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció irregularidades en la investigación.

José Torero, experto en incendios realizó un peritaje a petición del GIEI, quien concluyó que no hay evidencias que apoyen la hipótesis de que los jóvenes fueron incinerados en ese basurero.

La evidencia recolectada muestra que “el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado” en el basurero de Cocula, ni siquiera para la incineración de uno solo de ellos, indicó.

El domingo 11 de octubre se dio cumplimiento al anuncio de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, y se divulgó la versión pública de la averiguación previa, compuesta por alrededor de 54 mil  hojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.

La elaboración de esa versión, que está siendo analizada por Efe, tomó más de siete meses y en él participaron alrededor de 100 servidores públicos.

El testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que muchas partes aparecen tachadas para garantizar el derecho a la privacidad.