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Incumple Estados Mexicano

recomendaciones:agraviados

Javier Francisco Reyes/API.—El Estado Mexicano incumple recomendaciones sobre las masacres de campesinos de Aguas Blancas, El Charco y el asesinato de un dirigente social, y tampoco se  otorgan las medidas cautelares.

Familiares de víctimas de diversos casos de crímenes, desapariciones forzadas, tortura, masacres y ejecuciones extrajudiciales, denunciaron ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en Chilpancingo, en donde denunciaron, el incumplimiento del Estado Mexicano de las recomendaciones hechas en cada caso. 

Jesús Sánchez Sánchez, abogado de las viudas de la masacre de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995 por policías estatales, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande entregó un oficio a los miembros de la CIDH, en el que piden su intervención para que el gobierno federal cumpla con la recomendación que emitió el 18 de febrero de 1998, con base al informe 49/97 del caso 11.520.

El abogado litigante expuso: “solicitamos que la CIDH intervenga, para que exija al Estado Mexicano el cabal cumplimiento a su informe y recomendación”.

“Ya es tiempo que se castigue al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y a Héctor Vicario Castrejón (actual diputado local del PVEM), entre otros, que intervinieron en la masacre a nuestros compañeros, allá en el vado de Aguas Blancas”, señaló.

Por su parte la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del luchador social y militante  del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Hernández Cardona quien fue desaparecido y luego encontrado muerto con huellas de tortura en mayo del 2013, se reunió también con los representantes de la CIDH encabezados por Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la Comisión. 

En la reunión participaron también familiares y víctimas de otros casos como El Charco, Aguas Blancas, el de Rocío Mesino Mesino, así como pueblos desplazados por la violencia en los últimos dos años, principalmente de la región Tierra Caliente. 

El encuentro que duró cuatro horas en Chilpancingo,  en donde los representantes de la CIDH tomaron las denuncias y documentaron casos de violaciones a los derechos humanos de las personas en Guerrero.  

“Fue una reunión muy importante de la CIDH que es un órgano que forma parte de la OEA, pues es mucho muy importante para México. Recibimos con mucho beneplácito la visita. Nos tocó la reunión general de casos de violaciones de Derechos Humanos donde se habló de los casos que hay en Guerrero como el de Rocío Mesino, Armando Chavarría Barrera, viudas de la masacre del Charco y obviamente el caso de nosotros que desde el 30 de mayo de hace dos años estamos pidiendo justicia. Tenemos derecho a que se haga justicia”, explicó la viuda de Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza.

Respecto a su caso, dijo que el Estado Mexicano tienen que cumplir las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana desde diciembre de 2014, cosa que no ha hecho y, precisamente eso denunció ante el pleno de la CIDH. 

“No se están cumpliendo y no han sido eficaces a pesar de que es una recomendación de la comisión debido al riesgo que tiene la familia de Arturo Hernández. Pedimos que se reconfigure el delito porque lo tienen como secuestro agravado y no es así”, añadió. 

Y continuó explicando: “nos preocupa mucho eso porque al rato cuando las cosas empiecen a bajar, en el momento oportuno se va a caer esa acusación porque a nosotros nunca nos pidieron un rescate económico por el Ingeniero (Arturo Hernández Cardona). A nosotros nos lo desaparecieron y apareció a los cuatro días con huellas de tortura. No existe el delito de secuestro agravado”. 

“Decimos que fue desaparición forzada y ejecución extrajudicial porque a Arturo no lo juzgó ningún tribunal. Si él estaba cometiendo un delito, se le hubiera juzgado pero no ejecutado. Se señala al mismo estado”, precisó. 

La activista destacó que el caso de la ejecución de su esposo fue juntado con el de Ayotzinapa a fin de sostener evidencias en contra del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que es quien habría matado personalmente al ingeniero Arturo Hernández Cardona, según la declaración de un sobreviviente que pesa en el expediente. 

“Le hemos estado diciendo a la CIDH que en el caso de Ayotzinapa se acumula a la causa 100/2013 por la ejecución de Arturo”, resaltó, sin embargo, ni siquiera de esa forma se ha querido actuar legalmente para castigar a él o los responsables. 

Finalmente, dijo: “La visita de la CIDH nos da mucha esperanza. A ellos les toca la parte de reunirse con Gobierno, organizaciones y víctimas. Es parte del trabajo de investigación para que presenten un informe y que se emita un informe para que se dé a conocer a nivel internacional y a los países de la OEA de cómo está México en derechos humanos. Eso nos da esperanzas”.