PRIMERA PLANA

Obstruye Godínez los beneficios

de la familia de Urquizo Molina

Javier Francisco Reyes.--A cuatro meses del asesinato del comandante  de la Policía Ministerial del estado,  David Jesús Urquizo Molina, su ahora vida Ana Lilia Bautista Corona, sigue teniendo extremosos obstáculos del Fiscal General del estado, Miguel Angel Godínez Muñoz e incondicionales para cobrar lo que por ley le corresponde.

Lo anterior fue denunciado a La Crónica, Vespertino de Chilpancingo,  por la misma agraviada, quien afirmó que después del 30 de julio pasado cuando fue emboscado y acribillado su esposo cera de su domicilio de esta capital, comenzó a realizar los diversos trámites, en su mayoría en la Fiscalía  General del estado, en donde laboró por 17 años y ocho meses.

Tras acumular antigüedad, su marido obtuvo derechos y beneficios, entre ellos tras morir, ella, debió haber cobrado el pago de marcha, caja de prevención social, pago de seguro de prevención social y caja de ahorro, así como seguro de vida.

En estos últimos cuatro meses ha vivido un verdadero viacrucis, para concretar los trámites legales,  todo por instrucciones del Fiscal General del estado, Miguel Angel Godínez Muñoz, teniendo como cómplices a la fiscal de derechos humanos de esa dependencia, Martha Wendy Reza Ojeda, y de la encargada del departamento de recursos humanos, Osiris Castañeda Hernández.

Entre las irregularidades detectadas, afirmó Ana Lilia Bautista Corona que el viernes pasado le informaron vía telefónica que pasara a recoger a caja de la Fiscalía General un cheque de salarios caídos que el finado había ganado ante un tribunal federal, pero al presentarse el martes pasado la funcionaria Osiris Castañeda Hernández, le informó que el documento no lo podía cobrar, porque antes de que falleciera su esposo habría firmado—sin mostraselo--un documento de renuncia de comandante de la Policía Ministerial del estado.

No es real, ya que el ahora finado Urquizo Molina le había informado que esperaba la resolución del Poder Judicial de la federación de un amparo que habría  promovido para que le pagaran sus salarios caídos, luego de que lo habían dado de baja injustificadamente, sin embargo en el proceso judicial en parte ya lo había ganado, prueba de ello que estaba reinstalado y cuando fue asesinado ya era comandante regional de la Policía Ministerial de la zona centro.

Con estas acciones y otras oscuras que maneja el fiscal general y sus cómplices, queda de manifiesto que se ha apoderado de los beneficios—dinero—del ahora fallecido comandante, violando flagrantemente la ley y los derechos de la ahora viuda e hijos.