PRIMERA PLANA

 Preocupa 49 congresistas

intenso control migratorio

Al menos 49 miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente Barack Obama  instándolo a trabajar con las autoridades en México para fortalecer la capacidad institucional de las agencias de protección y migración con el fin de garantizar que los niños, las familias y los adultos escapando de la violencia en Centroamérica tengan acceso al trato justo que se merecen.

Lo anterior lo da a conocer mediante un comunicado que hizo llegar la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, que el día de ayer  los 49 congresistas norteamericanos hicieron llegar esa misiva.

Liderada por el congresista Albio Sires, miembro de alto rango del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y co-firmada por 48 otros congresistas, la carta expresa “preocupación de que las detenciones y deportaciones de los migrantes en México están ocurriendo en una manera que no está a la altura de las normas de protección a las que ambos países aspiran”.

Como la carta explica, centroamericanos siguen huyendo en grandes cantidades, sin embargo, el flujo de los menores no acompañados y las familias que llegan a la frontera con los Estados Unidos ha disminuido significativamente, en gran parte como consecuencia de la intensificación del control migratorio en México. Desde julio de 2014 hasta junio de 2015, las detenciones de centroamericanos aumentaron más del 70 por ciento en México en comparación con el año anterior. Por el contrario, del octubre de 2014 hasta septiembre de 2015 las autoridades en la frontera de los Estados Unidos han reportado una disminución del 42 por ciento en las detenciones de migrantes de países distintos de México, principalmente centroamericanos.

En la carta, los congresistas afirman que, “A medida que el Gobierno de México continúa con sus esfuerzos de control, tenemos que encontrar formas de ayudarle de manera más eficaz a seguir construyendo la capacidad institucional de sus agencias de control migratorio y protección, incluyendo el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)”.

Este enfoque en la importancia del fortalecimiento institucional se deriva del hecho de que hay 1.220 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del INM desde 2012, y que agentes del INM han participado en la extorsión, el secuestro y otros delitos contra los migrantes. La carta cita como ejemplo el caso de septiembre de 2015 en el que cuatro agentes del INM en el estado de Chiapas fueron detenidos por cargos de tráfico de personas. Además, la carta explica que las agencias de protección de México, la COMAR y el DIF, significativamente carecen de los recursos necesarios para gestionar adecuadamente los grandes flujos migratorios en el país: COMAR sólo tiene 15 oficiales autorizados para adjudicar las solicitudes de asilo y el DIF carece del espacio de refugio y el personal necesario para atender a los niños no acompañados detenidos en México, como resultado los niños son colocados en centros de detención con adultos.

La carta fue respaldada por varios grupos de derechos humanos en los Estados Unidos, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización de investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. “Esta carta es una clara señal de que, aunque el tema de la migración centroamericana en gran medida se ha desplazado a México, todavía hay preocupación entre los legisladores estadounidenses sobre la violencia que los centroamericanos están huyendo y la falta del debido proceso y protección que reciben al ser detenidos en México”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA. “En lugar de centrarse sólo en la seguridad y la gestión fronteriza, ambos países deben trabajar juntos para aumentar su capacidad de proteger a esta población vulnerable”.