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Bernardo Torres.--Luego de aceptar que existe un marco legal insuficiente en el tema de desapariciones forzadas y que existe en este país un problema grave al respecto; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación federal, Roberto Rafael Campa Cifrián dio a conocer que la Policía Federal está ya trabajando en las búsquedas de fosas y restos en 10 puntos acordados por el gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, respecto al caso Ayotzinapa. 

Entre otras cosas, el funcionario federal afirmó que el Ministerio Público Federal tiene que investigar todos los elementos que tenga respecto a esta investigación, esto, en referencia a las supuestas vinculaciones que han hecho medios nacionales, del narco con estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. 

Luego de que medios nacionales publicaran y difundieran una supuesta llamada entre estudiantes de la normal de Ayotzinapa donde se habla que el grupo conocido como “Los Ardillos” pretendía “levantar” a cuatro estudiantes por presuntos vínculos con “Los Rojos”; Campa Cifrián dijo: “Me parece que todos los elementos que legalmente tenga el Ministerio Público, deben ser analizados”. 

Se le preguntó si esta vinculación que les adjudican a las víctimas del caso Iguala, no pone en riesgo a los estudiantes, a lo que respondió: “Nosotros estamos muy cerca de ellos y de sus representantes y no hemos recibido hasta ahora ningún planteamiento, pero en caso de que se presente lo analizaremos oportunamente”. 

Respecto a las medidas cautelares para las víctimas del caso Iguala ocurrido el 26 de septiembre del año 2014, afirmó que se están cumplimentando. 

“Todas las medidas que nos dictó la Comisión Interamericana se están atendiendo y quien se encarga de vigilar pues son los expertos de la Interamericana. Básicamente su trabajo está vinculado con cuatro aspectos distintos; primero tiene que ver con la investigación y como hemos ahora está la investigación en manos de Derechos Humanos (de la PGR) en esta etapa”, señaló. 

Dijo que el segundo punto tiene que ver con las tareas de búsqueda, mismas que “ya se avanza también en estos diez puntos que convenimos en Washington hace un par de semanas”. 

Recordó que el Gobierno Federal y el GIEI plantearon el compromiso de allegarse de todos los medios tecnológicos para fortalecer la búsqueda y estos medios tienen que ver fundamentalmente con fosas y restos. “Y se planteó también en este compromiso, todos los esquemas de atención a víctimas”, añadió.

“Estamos también trabajando ya, el grupo se acercó en este caso con la Policía Federal y esta parte (de la búsqueda) le corresponde a la Policía Federal y están trabajando ya”, precisó. 

Respecto a las investigaciones afirmó que en ningún momento fueron detenidas, pese a la transición que hubo del expediente que pasó de manos de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. 

Afirmó que las últimas detenciones son de “apenas hace unas semanas”. “El trabajo es ininterrumpido, no paró, se trasladó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos pero nunca se detuvo”, señaló. 

Desapariciones forzadas, problema grave 

En el tema de desapariciones forzadas, el funcionario federal reconoció que es una situación grave. Recordó que la Comisión Interamericana estuvo en Iguala y se reunió con familiares de desaparecidos, por lo que el tema está siendo atendido por el Gobierno Mexicano y organismos internacionales. 

“Hay algunas regiones en donde hay focos rojos en términos de desaparecidos y que se está trabajando de manera integral para atender esta situación. La realidad es que en algún momento por un marco legal insuficiente, los delincuentes y en algunos casos corporaciones de seguridad, no solamente se coludieron sino que consideraron que les convenía más matar y desaparecer personas que solamente matar personas. Entonces hemos tenido en los últimos años un problema grave en materia de desapariciones”, destacó.

Pero afirmó que hoy se está trabajando a partir de la experiencia internacional en una nueva Ley. “Me parece que tenemos que dejar claro, la Ley tiene que ser clara y la política pública es que para quien está dispuesto a violentar la Ley, debe resultar mucho peor incluso que el castigo al homicida, el castigo a quien es responsable de una desaparición”.

Destacó que las desapariciones le hacen un enorme daño a la sociedad, afectan enormemente a las familias porque es la angustia de no saber qué fue lo que pasó con los familiares. “Es el único caso en donde la certidumbre de la muerte significa una parte de la solución del problema”. 

Campa Cifrián abundó: “Siendo terrible la muerte de un familiar, en el caso de las desapariciones, estar seguro de que el familiar desaparecido murió, es un consuelo. Esa es la gravedad del delito de la desaparición, entonces pues estamos trabajando para hacer todas las modificaciones a la Ley de manera pública, para que de tal manera, para un delincuente sea mucho peor la desaparición incluso que el homicidio”. 

Dijo que hay una gran cantidad de casos que se atienden y, uno de los objetivos de la Ley es precisar y aclarar exactamente cuáles son las cifras.    

Mencionó que en Washington sostuvo también una reunión bilateral con los Estados Unidos, con las áreas de Derechos Humanos y, “vino a la reunión el responsable de la integración del registro de desaparecidos; es un funcionario que trabaja para el FBI”. 

Éste presentó la lista de desaparecidos en Estados Unidos es alrededor de 86 mil u 87 mil. Campa Cifrián señaló que es una lista pública que se puede consultar en la página del FBI.

“Tampoco son forzadas (las desapariciones), porque la información con la que contamos es que de esa lista de desaparecidos, ha habido en los últimos años alrededor de 44 mil que han aparecido. Entonces llevamos esa información y lo que convenimos y pedimos es apoyo técnico para tener un registro que sea confiable. Implica una tarea de fondo, está contenido también en la Ley y pues es una tarea en la que tenemos que trabajar”, concluyó. (API).