PRIMERA PLANA

Le notificaron hoy tres
órdenes de aprehensión

Luego de que anoche tres jueces de Tlapa de Comonfort, ordenaron la liberación inmediata de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, la mañana de hoy martes le fueron notificadas tres nuevas ordenes de aprehensión en su contra.

La noche del lunes los tres jueves resolvieron que no se acreditó la existencia de los secuestros que se le imputaron hace más de dos años, informó César Sandino Rivero, integrante del equipo de abogados que llevan su defensa.
El día de ayer los jueces primero y segundo de Tlapa de Comonfort emitieron autos de libertad en favor de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, porque las detenciones que motivaron las denuncias en su contra, por secuestro, están avaladas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena
Sin embargo hoy martes la promotora de la Policía Comunitaria Nestora Salgado García recibió la notificación de tres nuevas órdenes de aprehensión en su contra que se las hacen efectivas.
La abogada defensora, Amanda Rivero Espinoza indicó que anoche, después de recibir las notificaciones de libertad de Nestora Salgado al llegar al penal de Tepepan supo que llegaron los oficios de detención vía fax que hoy se hicieron efectivos.
Las órdenes de aprehensión corresponden a la  causa penal 050/2014-II por los delitos de robo especifico y privación de la libertad personal ante el juzgado segundo penal de primera instancia del distrito judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort, la causa penal 67/2014 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del departamento Judicial de Zaragoza y la causa penal 59-1/2015 por el delito de secuestro ante el juzgado mixto de primera instancia del distrito judicial de Allende, con sede en Ayutla.
La abogada consideró que a más tardar el viernes Salgado García rendirá su declaración preparatoria y a partir de entonces comenzará a correr el plazo constitucional para que los jueces determinen su situación legal.

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