jueves, 12 de mayo de 2016

POLICRÓNICA

   Cómplice…El gobierno federal y estatal, están obligados a llamar a comparecer Ante la Agencia del Ministerio Público al obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa de Alvarez, es cómplice del crimen organizado, además sabe cómo opera mediante “secreto de confesión”.


Semanas después del 20 de junio del 2015 en que oficialmente fue presentado como el nuevo obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa de Alvarez, el michoacano Salvador Rangel Mendoza, una y otra vez ha reiterado para el gobierno federal y estatal que para disminuir la delincuencia en el estado Guerrero, las autoridades deben dialogar y pactar con el crimen organizado. Para el prelado debe ser común, que “El gobierno y los grupos de la delincuencia organizada tienen que tener un diálogo para que cese la violencia, y principalmente para que no se afecte a personas inocentes que nada tienen que ver con los conflictos”. Además llamó a la sociedad en general a participar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y recodamos que el 12 de diciembre pasado, reiteró que  hasta ese momento ni el gobierno ni los grupos delincuenciales han respondido a la convocatoria de diálogo que públicamente hizo y para lo que él se ofreció como mediador. Y fue más allá al afirmar “sabemos cuáles son los orígenes de esta violencia, por eso nosotros como iglesia estamos sugiriendo que se haga un diálogo, sobre todo para que no perjudiquen a terceras personas, gente que no tiene nada que ver”. Con sus declaraciones perversas del obispo proveniente del estado de Michoacán, nadie le ha dicho nada y ahora hace un par de días, sin tapujos afirmó que los 300 hombres armados que ingresaron el martes por la noche a Zitlala, para buscar a Marisol Alejandro Ramírez, de 30 años, esposa del integrante del autodenominado comunitarios por la Paz y la Justicia de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, César Cantor Gasparín, en realidad son miembros del crimen organizado “Los Ardillos” y todavía fue más allá al sostener que con su presencia había disminuido la inseguridad, en tanto que el gobernador del estado, el priista Héctor Antonio Astudillo Flores respondió, pero con un discurso endeble, nada más externó que respetaba la declaración del prelado, pero nunca lo recriminó como primer mandatario estatal la disminución de la violencia en Chilapa de Alvarez y los municipios cercanos no ha sido gratuita, y que se ha logrado por su presencia que ha obligado a los gobiernos federal y estatal a mandar más soldados y policías a la zona. Otra vez ayer, en declaraciones reiteró Astudillo Flores, que su gobierno no dialogará, ni pactará con la delincuencia organizada. No se quedó atrás el asesor jurídico de esa organización, Jesús Escobedo González, entrevistado en Chilpancingo este martes, también le contestó  a Astudillo Flores y al obispo Rangel Mendoza a quien le exigió que se retracte de sus declaraciones en el sentido de que el autodenominado comunitarios por la Paz y la Justicia son integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”, al tiempo que se anunció que ya presentaron una denuncia por difamación en su contra en Chilapa de Alvarez, y que el lunes presentarán otra en la Fiscalía General del Estado. Además, el obispo está incurriendo en encubrimiento porque días después de que el Ejército  el 28 enero del presente año cercó al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez (a) El Chaparro, en Chilapa de Alvarez, el obispo lo confesó y la información que tiene de él no la ha dado a conocer a las autoridades escudándose en el “secreto de confesión”. Además los civiles armados no salieron por gusto, sino porque los policías estatales y federales no les hicieron caso cuando se les pidió buscar a la mujer desaparecida, “entonces los compañeros comenzaron a buscarla porque es esposa de uno de sus integrantes”. También  se conoció que  los familiares de la desaparecida presentaron la denuncia y ninguno de los gobiernos hizo caso, como tampoco han hecho nada para evitar los secuestros, extorsiones, cobros de piso de los que solamente la autoridad no se da cuenta cuando es un secreto a voces, pues tanto en Chilapa de Alvarez y en las comunidades la delincuencia sigue vigente. Además Rangel Mendoza está obligado a presentar una demanda penal si tiene pruebas de que son de “Los Ardillos” y ratifica el abogado, que denuncie al grupo de hombres armado “si él tiene pruebas de que los compañeros de la policía comunitaria son de ese grupo criminal, que haga la denuncia formal y lo retamos a que haga esa denuncia para que se actúe conforme a la ley en contra de nosotros”. Lo que el obispo señala es muy riesgoso para el movimiento porque los pone de frente a los grupos del crimen organizado que controlan el municipio de Chilapa de Alvarez,  pues se disputan la plaza “Los Rojos” que comanda Zenén Nava Sánchez, y “Los Ardillos”, Celso Ortega Jiménez, por ello Rangel Mendoza, se está ganando otra demanda, ahora van a proceder por la vía civil en contra del obispo por daño moral, ya se presentó una denuncia en el Ministerio Público de Chilapa, y el lunes se presentará otra en la Fiscalía General del Estado, “porque el obispo está diciendo que nosotros somos de la delincuencia organizada cuando no es cierto, y lo hace sólo para que se asuste la sociedad”. Ante esto, el abogado, en nombre del grupo comunitarios por la Paz y la Justicia, le pidió que “por el bien de la ciudadanía y por el bien de los católicos, que se abstenga de hacer esas declaraciones porque son sin fundamento y temerarias, y si él puede comprobar algo que lo compruebe”. Tiene razón, pues el sotanudo ha soltado su lengua, sin que hasta hoy lo haya recriminado, por lo tanto lo convierte cómplice de “Los Rojos”, que hasta confesó  al líder Zenén Nava Sánchez (a) “El Chaparro” y días después de que estuvo cercado por el Ejército en Chilapa de Alvarez, en enero pasado, “y el obispo no quiere entregar la información al gobierno con el argumento de la discrecionalidad del sacerdocio”, por lo que el prelado está incurriendo en el delito de encubrimiento, porque “con el pretexto de la secrecía de la confesión no proporcionó al gobierno la información que impide la actuación en contra de la delincuencia organizada. En este caso el grupo de comunitarios lo único que están demandando al gobierno federal y estatal y el plazo venció ayer miércoles  para que apareciera la señora que buscan, “nosotros no sabemos cómo le van a hacer, pero lo que queremos es que la encuentren sana y salva, y se acabó, sólo así vamos a dejar de implementar acciones y nos vamos a replegar a nuestras comunidades para implementar nuestras acciones, de lo contrario, si no aparece la señora nosotros la vamos a buscar”. Está advertido el gobierno federal y estatal, “pero si no la entregan nos vamos a movilizar, y quiero decirle al gobierno del estado que somos alrededor de 2 mil 500 policías comunitarios de 85 comunidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y de Zitlala que vamos a salir y yo creo que ni el Ejército nos va a poder parar”. Le aclaran al prelado, al gobierno que conforme a derecho y conforme a la ley, “no portamos armas de grueso calibre, a pesar de eso la Policía Ministerial nos ha estado hostigando. Nosotros no les queremos hacer nada pero si los gobiernos federal, estatal y municipal no nos dejan otra opción vamos a tener actuar”. El mandatario estatal el priista Héctor Antonio Astudillo Flores está obligado a exigir a su gabinete dar resultados en el caso de Chilapa de Alvarez, porque de lo contrario ya está el reto del abogado y representante legal de los comunitarios por la Paz y la Justicia, ya lanzó el reto: “que no piense el gobierno que estamos atemorizados” y aclaró que no son un grupo fuera de la legalidad como lo declaró el gobierno del estado, “los del movimiento son comisarios y se lo podemos demostrar, estamos credencializados, estamos dando la cara, andamos con la cara destapada, que no diga el gobierno que somos delincuentes, estamos fundamentados en la Ley 701 de la Constitución del Estado”. También le aclaran a las esferas gubernamentales que la gente que busca a la desaparecida no es gente armada de manera ilegal, “no, estamos legalmente constituidos y si quiere se lo comprobamos con las actas de asamblea en donde fueron legalmente electos los comisarios con su policía comunitaria que tienen un permiso”. Por ello hoy salen declaraciones de Astudillo Flores, que no se desarmarán a los pueblos, simplemente es que el Ejército, policía federal y estatal, no van a permitir que entren los comunitarios a las cabeceras municipales, cosa que vemos muy difícil que lo vayan a lograr, y si esto ocurriera, sería a cambio de un enfrentamiento armado y eso a nadie le conviene y más con las declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza que las hace en contra del pueblo, porque eso quiere decir que ellos están protegiendo al gobierno y a la delincuencia. De las declaraciones del gobernador, quien dijo que el gobierno y no “Los Ardillos” disminuyeron la violencia en Chilapa, claro que no fue gratuita la disminución de la delincuencia, que se debió precisamente a la presencia de su grupo armado que obligó a los gobiernos federal y estatal a que mandaran fuerzas federales y estatales a la zona. Las autoridades federales y estatales, a través de sus áreas de asuntos religiosos tienen que ponerle un alto a sus excesos de metida de narices del obispo Salvador Rangel Mendoza, porque pone en serios aprietos al Estado con sus temerarias declaraciones, que no ayudan en nada a mejorar el tejido social, mucho menos evitar a los desencuentros entre autoridades y el pueblo. Ya es hora que le vayan poniendo un bozal al prelado, quien trae fama de armar escándalos en la diócesis de Huejutla, estado de Hidalgo, en donde encubrió al sacerdote Reinaldo Chávez, quien embarazó a una joven de 14 años, por lo cual se encuentra preso en el penal de la Lima en Jaltocan. Antes de llegar a Chilpancingo diversos sectores de la Huasteca lamentaron que el prelado sea enviado sin haber respondido por el encubrimiento a un cura pederasta, además de tener al menos dos denuncias penales por difamación y daño moral y ahora ya está acumulando demandas por estos últimos delitos. Es decir  Rangel Mendoza es toda una fichita que el gobierno Astudillista deberá ponerle  un marcapasos pues no vino a Chilpancingo  a predicar la palabra de Dios, sino a causar escándalos que paulatinamente van subiendo de tono. Habría que recordarle al gobierno federal y estatal, que están vigentes las dos denuncias en el estado de Hidalgo,  contra el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa de Alvarez, con el número 615/2010 y 350/2011 por los delitos de difamación y daño moral en donde se dirime la controversia de la propiedad de los colegios Manriquez y Zárate, donde el obispo argumenta que son propiedad de la diócesis.  En casi 10 meses en que llegó a Chilpancingo, Rangel Mendoza no ha sido nada de constructivo entre la sociedad, sino que está causando encono, y no tarda que salgan otras linduras del prelado. Astudillo Flores está obligado a estar vigilante de su proceder de este representante de la iglesia católica, antes de que le provoque más dolores de cabeza a su gobierno que hasta el día de hoy se ha manejado con mucha opacidad...Voraces... El gobierno municipal de Chilpancingo encabezado por el Partido Revolucionario Institucional que mal dirige Marco Antonio Leyva Mena no hay funcionario que no escape y sea denunciado de que están hambrientos de obtener dinero a costa  del erario público y lo más cuestionable es que sus incondicionales los pone en eventos sin resultados trascendentes pero  se gasta mucho dinero. El último fracaso con motivo del 11vo festival del pozole y el mezcal que promovió la secretaria de turismo municipal Patricia Acevedo Pacheco, hasta el día de hoy no ha informado cuánto de dinero recibió  del ayuntamiento y del gobierno estatal, en éste último se convirtió en un cómplice a la vista de todos el subsecretario de finanzas Tulio Samuel Pérez Calvo quien no quiso revelar cuánto entregó, pero se conoció la mañana de hoy que fue la cantidad de un millón de pesos. El fracaso del festival lo están corroborando  los que arriesgaron su dinero, las señoras que fueron a vender pozole y los señores que ofertaron mezcal. La queja es que perdieron  gracias al “entusiasmo” de Leyva Mena, quien no promovió através de los medios electrónicos e impresos, no hubo apoyos económicos a los participantes ni siquiera para arreglar sus puestos y el único que lucía era precisamente de la empresaria Patricia Acevedo Pacheco, quien tiene la cadena de restaurantes “Los Magueyes”, seguramente el dinero recibido de Pérez Calvo quien llevó la representación del mandatario estatal a la inauguración del fracasado festival  y no dudamos que en breve se haga la apertura de otro negocio de la funcionaria municipal. Las señoras que elaboran pozole la mañana de hoy todavía hicieron un reclamo a Acevedo Pacheco para que informe el paradero de todo el presupuesto destinado a la organización, ya que había la promesa que los ayudarían, pero hasta el día de hoy nada concreto, por el contrario pérdidas descomunales y por lo tanto  ya no habrán de participar en la próxima edición del año entrante. Por todos lados Leyva Mena está sacando dinero a través de sus empleados, que para sostenerlos en el cargo la condición es fomentar la corrupción. Todo comenzó a partir de la desorganizada feria anual de San Mateo, Navidad y Año Nuevo con Daniel Morales Pastor y  Héctor Aviléz García quienes se robaron más de diez millones de pesos y todavía quedaron a deber cerca de un millón de pesos y desde hace unas semanas a la fecha, el subsecretario de Tránsito y Vialidad  Roberto del Moral anda infraccionando a diestra y siniestra a los automovilístas particulares inventándoles supuestas faltas a las disposiciones de tránsito como mal estacionados, estacionarse en lugares prohibidos y hasta manejar en sentido contrario y otras linduras para abrir un buen boquete financiero a los bolsillos de los particulares y dejar que hagan a su albetrío los cafres de las urvans y taxis, quienes ahora los señores no son molestados, pues los mitoteros pueden volver a tomarle las oficinas y exigir que lo corran vergozosamente al ex síndico que aún siente que tiene el cargo para gritar a los ciudadanos. La voracidad está a la orden del día de Leyva Mena através de sus achichincles quienes están cumpliendo todas las disposiciones y por supuesto ellos se llevan su buena mochada pues están sabidos que es su última oportunidad en la administración pública, por ello a la mayoría de ellos los habitantes de Chilpancingo no los conocen ni que madre los parió.

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