Complicidad y el nepotismo
corrompen la justicia en Gro.
Ezequiel Flores Contreras.CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un joven sentenciado a 54 años de prisión por el homicidio del exfuncionario estatal Morelos Vargas Gómez –registrado en noviembre de 2008– fue liberado en marzo pasado luego de que un tribunal federal declaró nulas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues el defensor de oficio Juan Francisco Camacho Mancilla ejerció sin cédula profesional.
La irregularidad avalada por autoridades ministeriales y el Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJ) dejó abierta la posibilidad de que al menos ocho hombres que actualmente se encuentran presos y sentenciados por secuestro, robo y homicidio, obtengan su libertad por la misma vía, es decir a través del amparo, según indican documentos oficiales consultados por Apro.
Los informes refieren que Juan Francisco, quien goza de impunidad y no se le ha fincado responsabilidad por ejercer sin cédula durante al menos tres años, es hermano de Luis Camacho Mancilla, actual secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal del gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores.
Ambos son hijos del exmagistrado del TSJ, Luis Camacho Castañón, un clan ligado al PRI que siempre han vivido del servicio público y miembros del grupo político del actual secretario de Gobierno en la entidad, Florencio Salazar Adame.
El exfuncionario estatal Morelos Vargas, asesinado hace ocho años, fue considerado como uno de los más entrañables amigos de Salazar Adame, quien aparece como agraviado en este caso porque es propietario del auto que robaron los homicidas donde se desplazaba la víctima.
El crimen
El expediente del caso 45/2009 refiere que el 25 de noviembre de 2008, Norberto Castillo Romero, José Flores Moreno y Bernardo Cabrera Moreno citaron a Morelos Vargas en un prostíbulo ubicado en la colonia Reforma, al oriente de esta capital.
Los tres jóvenes secuestraron a Vargas Gómez, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente de la Fundación Produce, mientras que en la administración del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu fue secretario de Desarrollo Rural y a la vez como delegado federal en Guerrero de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Los inculpados asesinaron a Vargas Gómez después de robarle dinero y un auto tipo Bora en el que se desplazaba, propiedad del actual secretario de Gobierno en la entidad, Florencio Salazar Adame, refiere el expediente judicial.
Enseguida, la Fiscalía estatal detuvo a los presuntos asesinos y los consignó por los delitos de homicidio calificado y robo en agravio de Salazar Adame ante un juez de primera instancia quien, en 2012 y 2014, sentenció a 54 años de prisión y a reponer la cantidad del auto robado a dos de ellos, Norberto Castillo y Bernardo Cabrera.
No obstante, en marzo de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación, con sede en el puerto de Acapulco, emitió el amparo 366/2015, a favor de Norberto Castillo Romero.
La justicia federal ordenó la liberación del homicida sentenciado porque declaró nulas las actuaciones de la Fiscalía, debido a que el defensor de oficio que asistió a los tres inculpados en su declaración ante el Ministerio Público del fuero común en marzo de 2009, simplemente no tenía cédula profesional.
En ese entonces, el defensor de oficio Juan Francisco Camacho Mancilla se identificó legalmente con credencial 21786 de la Dirección de Defensoría de Oficio del gobierno estatal y dos años después, en 2011 obtuvo su cédula profesional 6941699 que lo acredita como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), indica el documento oficial.
La usurpación de funciones de Camacho Mancilla no sólo permitió la excarcelación de uno de los tres presuntos homicidas de Morelos Vargas, sino también provocó que el resto de los inculpados exijan su liberación a través del amparo, con el argumento de la misma irregularidad jurídica, informaron fuentes oficiales del Poder Judicial.
En la misma ruta legal se encuentran otros procesados, entre ellos ocho hombres sentenciados por el delito de secuestro y que fueron asistidos legalmente por Camacho Mancilla durante el tiempo que se desempeñó como defensor de oficio del gobierno estatal a pesar de no tener cédula profesional, señalaron las mismas fuentes.
El nepotismo
El caso de la excarcelación de uno de los tres sentenciados por el asesinato de Morelos Vargas exhibe no sólo las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia local sino el amiguismo y compadrazgo que ha caracterizado la administración pública en Guerrero.
A pesar de la gravedad, la práctica de beneficiar a amigos y familiares con cargos públicos persiste en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, donde los hijos de sus compadres, entre ellos el actual senador priista René Juárez Cisneros y Manuel Añorve Baños, ostentan puestos en su administración.
Incluso, en el Tribunal Superior de Justicia que administra el notario 19 de Acapulco Robespierre Robles Hurtado –señalado públicamente por presuntos nexos con el narco– el nepotismo se ha convertido en práctica común de los magistrados para emplear a sus familiares sobre todo ahora que se abrieron plazas para el nuevo sistema penal.
Destaca el caso del magistrado Jesús Martínez Garnelo, quien metió a trabajar a su sobrino Ever Rodríguez Martínez como juez del nuevo sistema de justicia para adolescentes.
Otro caso es el del magistrado de la Tercera Sala Penal de Iguala, Félix Nava Solís, quien impuso a sus sobrinos Irving y Ever Fernández Nava, así como Carlos Nava Tapia como juez de juicios orales, oficial administrativo del juzgado penal en Chilpancingo y oficial administrativo del Distrito de Hidalgo, respectivamente.
La esposa del magistrado Julio Jauregui García, Azucena Pineda, es juez del sistema de justicia para adolescentes y su hija Berenice Jáuregui ocupa un cargo de dirección en el TSJ.
Más: el magistrado Vicente Rodríguez Martínez tiene a sus dos hijos –Cristian y Alberto Rodríguez– trabajando en áreas del Poder Judicial.
A pesar de que trabajadores del TSJ han denunciado públicamente el nepotismo y la corrupción que impera, incluso hasta impulsaron un paro de labores el año pasado para exigir respeto a la carrera judicial y mejoras salariales, la red familiar y de complicidades tejidas por los encargados de impartir justicia en la entidad sigue intacta en el contexto del nuevo sistema de justicia penal.
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